Dirigentes de los pueblos Kichwa y Canelos están preocupados por la resolución del pueblo Sarayaku de brindar protección a Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, quienes fueron sentenciados por la justicia ecuatoriana por el delito de injuria.

Los tres procesados acusaron ante la Fiscalía al presidente Rafael Correa por delitos de lesa humanidad el 30 de septiembre de 2010.

La denuncia fue calificada como maliciosa y temeraria. Correa contrademandó a los 3 procesados, a quienes se les impuso una sanción de 18 meses de prisión  para  Jiménez y Villavicencio y 6 meses para Figueroa.

Tito Merino, dirigente del Consejo Kichwa de Pastaza, dijo que la decisión “no es procedente”. Piensa que podría causar un precedente, “y se puede creer  que nosotros podemos dar  refugio a personas con problemas con  la justicia”.

A su criterio, “los Sarayaku siempre se oponen al régimen, están unidos con Lourdes Tibán, que  busca cualquier pretexto para justificar su oposición”.

Antonio Vargas, expresidente de la Conaie, dijo que la acción pone en peligro la unidad que se estaba fomentando, luego de años de ruptura, entre los Sarayaku y Canelos.