Esta mañana el Ministerio del Interior procedió a disolver a un grupo de Organización No Gubernamentales (ONG) que fueron vinculadas por el régimen en los actos violentos ocurridos el jueves anteriores después de la inauguración de la Ronda Petrolera.

Funcionarios acudieron hasta la sede de la fundación Pachamama en Quito y procedieron a colocar sellos de clausura en su entrada. En los sellos se podía leer que la entidad estaba disuelta por contravenir al Reglamento del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (Decreto Ejecutivo 16) en sus artículos 26, numeral 2 y 7.

En ese cuerpo legal se establece que entre las causales de disolcución de las organizaciones sociales está el desvío de los fines y objetivos para los cuales fueron constituidos (numeral 2) y "por dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten a la paz pública" (numeral 7).

El pasado jueves, luego de la Ronda Petrolera, el embajador de Chile en Ecuador, Juan Pablo Lira, así como al apoderado general de la compañía Belorusneft, Andrei Nikonkov,  sufrieron agresiones físicas y verbales de parte de colectivos que protestaban por la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana.

Hoy en la mañana, en entrevista con Ecuador TV, el ministro del Interior, José Serrano, manifestó: "Se trata de una ONG que se aprovechó de la vulnerabilidad y buena fe de los ciudadanos que acudieron al lugar. Es inadmisible en cuanto a agresiones físicas y verbales. No puede ser que a un ciudadano nacional o extranjero se lo haya vejado de esa forma".

En redes sociales grupos ecologistas, liderados por el colectivo Yasunidos, rechazan la resolución del Ministerio a la que califican como "una represalia contra quienes defendemos la vida". Además afirman que sus integrantes se mantendrán en "vigilia" por el Yasuní y la Amazonía.

Belén Díaz, presidenta de la Fundación Pachamama, anunció que la entidad presentará una apelación administrativa para revocar la medida e, inclusive, no descartó acudir a organismos internacionales -como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)- para denunciar este hecho.