“Desgraciadamente las Fuerzas Armadas Ecuatorianas (FF.AA.) en gobiernos anteriores tenían distintos convenios con Chevron”, dijo Pablo Fajardo, procurador común y abogado de los afectados ecuatorianos por la contaminación dejada por la petrolera estadounidense entre 1964 y 1992.

Además, recordó la denuncia que hizo el presidente en el enlace ciudadano Nº 345, respecto a la construcción de una vivienda en la Unidad Militar GFE-24-Rayo, que facilitaba el alojamiento y protección de los ejecutivos de la empresa estadounidense, cuyo mantenimiento provendría no solo de los fondos públicos asignados a la brigada.

“Eso demuestra que había una incidencia directa de la empresa Chevron en la política, economía y justicia en el país”, destacó Fajardo.

De igual manera, en la página web ecuarunari.org  ya se habla de los  vínculos, en 2006, entre Texaco y la base militar Rayo 24 (Lago Agrio).

Según la fuente, existe un informe del Ministerio de Defensa Nacional que asegura que los abogados de Texaco (Chevron) manipularon y mintieron a la Corte en el juicio Lago Agrio, para suspender una inspección judicial en territorio indígena sin ninguna base legal.

Además, revela varias presiones por parte de abogados y empleados de la transnacional que indican que la petrolera utilizó a algunos miembros de las FF.AA. para parcializar el juicio a su favor.

Por ejemplo, Adolfo  Callejas, abogado de Texaco, supuestamente  engañó  a la Corte con cooperación militar, presentando un falso informe de inteligencia militar para cancelar una  inspección judicial en territorio indígena.

Igualmente, se dice que el mayor Arturo Velasco fue presionado por un empleado de la petrolera para realizar dicho informe, el cual habría sido mentalizado por Manuel Bravo, excapitán de las Fuerzas Armadas y  jefe de seguridad de la multinacional.