Un proyecto, denominado ‘Gobierno de honestos’, cuya finalidad es la muerte civil para cualquier funcionario público implicado en casos de corrupción, presentó ayer la asambleísta por la Izquierda Democrática (ID), Wilma Andrade.

En su explicación la legisladora indicó que con la propuesta “los funcionarios corruptos no volverán a trabajar en ningún gobierno”, pues la norma facilitará el combate a la corrupción, que también es parte de la acción del gobierno.

“Incluimos al testaferrismo y al tráfico de influencias como impedimentos para que vuelvan a ser funcionarios, miembros de algún partidos político o candidatos a elección popular”, dijo.

El proyecto reformará la Ley Orgánica de Servicio Público y los códigos Orgánico Integral Penal y de la Democracia, además habrá un registro de inhabilitados permanentes. (I)