Los excombatientes de la Regional 2 de Alfaro Vive Carajo (AVC) se reunieron ayer para analizar la Ley de Víctimas y los pasos a seguir para llevar sus casos ante la Corte Nacional de Justicia.

Manuel Pérez, vocero del grupo, manifestó que hay por lo menos 12 casos de afectados que esperan se castigue a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante el gobierno de León Febres-Cordero.

Pérez expresó que con la aprobación de la Ley de Víctimas surgieron muchas posibilidades de que se haga justicia, y dijo que muestra de ello es el inicio del proceso contra 10 expolicías y militares acusados de torturar y mantener encerrados sin justificación a Luis Vaca y Susana Cajas.

Asimismo destacó que en los últimos años las autoridades se hayan preocupado por reinsertar a la sociedad a quienes en la década de los 80 fueron perseguidos y acusados de terroristas.

El portavoz espera que se sancione a los responsables de su detención ocurrida el 2 de agosto de 1988. “Estuve preso por un año y ocho meses sin ninguna formulación de juicio. Me tuvieron en una chanchera, el gobierno (de esa época) nos quería involucrar en cualquier cosa”.

Otro de los integrantes de la Regional 2 de AVC, César Pincay, mencionó también que están en busca de ayuda para los familiares de sus compañeros fallecidos, entre ellos Amada Morán, hermana de Pablo Morán.