Ecuador / Domingo, 12 Octubre 2025

La Ley del adulto mayor estará lista en marzo para el primer debate

La Comisión de Derechos Colectivos recibe aportes de distintos sectores para la construcción de la Ley del Adulto Mayor.
Foto: Cortesía Asamblea Nacional

En el país, el 10% de la población pertenece al sector de adultos mayores. Es decir, 1’662.000 ecuatorianos están en la tercera edad.
Con esta cifra, Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, dijo que en marzo prevén concluir con la elaboración del informe para primer debate del proyecto de Ley del Adulto Mayor.

Para el efecto, esta semana tienen previsto recibir la comparecencia de Irina Cabezas, secretaria técnica del plan Toda una Vida. Además de ella recibirán al presidente de la Asociación de Jubilados Pensionistas de Adultos Mayores de Pichincha, Édison Lima.

Los objetivos se centran en el aporte que puedan ofrecer para el desarrollo de la normativa que tiene en proceso la mesa legislativa.

Dentro de este cuerpo legal se incluye la responsabilidad de los familiares del adulto mayor para su cuidado, de tal forma que ellos cuenten con una vida digna y el respeto a sus derechos.

El objetivo central de la ley es “promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas adultas mayores, en el marco del principio de atención prioritaria y especializada, expresado en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos y leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural”, dijo el asambleísta.  

En este contexto, la mesa mantiene trabajos con delegados de la sociedad civil, asociaciones de adultos mayores e instituciones públicas y privadas para conformar el cuerpo legal.

Actualmente está listo un borrador con los insumos que se han recogido de los sectores involucrados, pero Corozo no descarta el apoyo de otros sectores que puedan aportar a la ejecución de la ley.

Una vez estructurado el documento, harán un análisis capítulo por capítulo.

El compromiso del legislador es impulsar el cumplimiento de mecanismos de promoción, asistencia, exigibilidad, protección y restitución de los derechos, lo que garantiza igualdad y no discriminación de este sector vulnerable. (I)