La comunicación como servicio público rige desde hace 2 años

La Facultad de Comunicación Social (Facso) de la Universidad Central del Ecuador (UCE) analiza una demanda de inconstitucionalidad al paquete de enmiendas que fue aprobado el pasado 3 de diciembre por la Asamblea Nacional.  

Con esta medida la institución académica se suma al Frente Unitario de Trabajadores (FUT), el Movimiento de Unidad Popular (antiguo MPD) y el legislador del Partido Social Cristiano (PSC), Luis Fernando Torres, quienes anticiparon en días anteriores una similar acción.

Ayer con música y carteles, la Facso se sumó a la oposición. Concretamente ellos están en contra de definir a la comunicación como un servicio público, que plantea una de las enmiendas y ya consta como principio legal en la vigente Ley Orgánica de Comunicación.

El decano de la Facso y representantes de los profesores, estudiantes y empleados expresaron su rechazo -a través de un manifiesto- a la enmienda al artículo 384, primer inciso de la Constitución: “La comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios”. Frente a eso anunciaron un proceso de movilización y protesta.

¿Pero cuáles son los argumentos? “Al establecer que la comunicación es un servicio público, la despoja de su carácter social y la convierte en un proceso burocrático, administrado por el Estado. Sujeto, por tanto, a la política gubernamental y a los procedimientos administrativos relativos a la prestación de un servicio público”, se lee en el documento firmado por el decano Dimitri Madrid; el presidente de la Asociación de Profesores, Fernando López; la representante de los estudiantes, Saraí Medina; y la presidenta de la Asociación de Empleados y Trabajadores, Sonia Vega.

Entre algunos de sus argumentos estaría que la comunicación va más allá de los medios de comunicación y el periodismo, por lo que su preocupación recae en que los ciudadanos sean “vigilados”. Madrid explicó que cualquier gobernante, e hizo énfasis en que no estaba hablando del gobierno actual, puede controlar lo que se dice y no se dice: “No estoy hablando de los medios sino estrictamente del derecho como ciudadano ecuatoriano a comunicarme y expresarme”, dijo.

Al insistirle en que la enmienda, al igual que la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en su artículo 71 se refiere a la información como un derecho constitucional y que solo la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación está considerada como un servicio público, Madrid trajo a colación la situación de los procesos de comunicación en América Latina que -a su parecer- estarían siendo restringidos.

No obstante, ese razonamiento no sería unánime en la facultad. Por ejemplo, Vanessa Baño, estudiante de sexto semestre, considera que la comunicación al convertirse en un servicio público “se vuelve un derecho”. Para ella este caso es comparable con el derecho humano al agua porque así llega a todas las localidades del país. Al contrario de lo que sostiene Madrid, Baño niega que se coartan derechos sino que se regula la garantía del derecho a la comunicación: “Al volverse algo normado nos permite expresarnos con libertad en medios privados, públicos y comunitarios”. Al mismo tiempo  rechazó la utilización de los estudiantes por parte de grupos “externos” a la Facso como el Movimiento Mariátegui y Utopía (alineados con al antiguo MPD) para ejecutar -según su criterio- una “plataforma política”.

En este sentido una estudiante que no quiso ser citada denunció la obligatoriedad de la convocatoria, ya que varios profesores habrían suspendido clases para que los alumnos acudieran a la marcha. Uno, incluso, habría mencionado que tomaría lista. “La Asociación de Estudiantes también publicó en su página de Facebook que era obligatorio asistir a la cita, pero luego borró el texto”, alertó.

El lunes pasado el secretario de Comunicación, Patricio Barriga, recordó que el propósito de la enmienda es conseguir una coherencia jurídica entre la Carta Magna y la LOC, la cual lleva dos años en vigencia. “Lo que el Legislativo ha hecho es simplemente ampliar los derechos de la comunicación e información de parte de la ciudadanía”.

Por lo tanto esa mejora el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, además fortalecerá la participación ciudadana, señaló Barriga. (I)

Pabón debatió con Torres sobre las enmiendas

Paola Pabón, secretaria nacional de Gestión de la Política (e), el asambleísta opositor Luis Fernando Torres y el catedrático Franklin Ramírez debatieron el miércoles sobre las recientemente aprobadas enmiendas constitucionales.

El encuentro estuvo dirigido a representantes de organismos internacionales y embajadas. Pabón  aseveró que “este fue un año movido por la desinformación”. La funcionaria coincidió con Torres al afirmar que el proceso de aprobación de los cambios constitucionales fue legal. “La representación de los parlamentos fue una decisión ciudadana. Ellos le dieron a los asambleístas la legitimidad para gestionar las enmiendas” dijo.

En relación a la posibilidad de que autoridades nacionales puedan presentarse a elecciones indefinidamente, Pabón dijo que “la enmienda no nos beneficia. La transitoria deja a la derecha descompuesta”. En esa línea Ramírez mencionó que “el anuncio de Rafael Correa descompuso la poca capacidad de la oposición de convocar gente en las calles”.

Sobre los trabajadores del sector público, Pabón indicó que se pretende homologar derechos laborales para dejar atrás una deuda histórica que dividía a las personas en el sector público, entre las que se regían por Código de Trabajo y quienes estaban bajo la Losep.

El evento concluyó con la intervención de Paulina Recalde, de la empresa Perfiles de Opinión, quien aseguró que en Ecuador la gente no se ha empoderado de procesos políticos en su totalidad y que eso no es una responsabilidad neta del gobierno de paso, sino también de los medios de comunicación y el interés ciudadano. (I)

Supercom realizó feria para chicos con discapacidad  

La Superintendencia de la Información y  Comunicación (Supercom) realizó el primer encuentro de teatro gestual con el objetivo de fomentar los espacios de comunicación incluyente. Por ello en el encuentro, que se realizó en la Facultad de Artes de la Universidad Central, participaron representantes de la Federación Nacional de las Personas Sordas del Ecuador (Fenasec).

Jenny Pacheco, intendente nacional de promoción de derechos de la Supercom, comentó que el objetivo de este encuentro es que las personas con discapacidad visual y auditiva se sientan incluidas en la sociedad, además de que conozcan que existe la Ley de Comunicación que los incluye y  protege.

Por ello propusieron una obra de teatro gestual. Sin embargo, en la cita también se invitó a  jóvenes oyentes, quienes compartieron las expresiones corporales de la obra ‘Cacuma’.

Rudy Bravo, de 19 años, es estudiante del Instituto Fiscal de Audición y Lenguaje Enriqueta Santillán. A ella el encuentro le pareció “muy hermoso, reímos y disfrutamos”.

Los participantes conocieron el artículo 37 de la Ley de Comunicación, que promueve el derecho al acceso y ejercicio de los derechos de comunicación a las personas con discapacidad. (I)

Datos

Hasta marzo del año pasado se inscribieron 1.149 medios en el Registro Único del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).

De ese total el 91% eran privados, el 5% públicos y apenas el 4% comunitarios. Entre ellos están el 58% en radio, el 18% en  impresos, el 12% en audio-video por suscripción, el 7% en televisión, y el 4% en portales informativos.  

Asimismo, si se estudia la distribución de frecuencias de radio y televisión, el 89% corresponde a los privados, el 7% a los públicos y el 4% a los medios comunitarios.

Entre las provincias con más medios privados están Guayas (186), Pichincha (153) y Manabí (72). Por otro lado las provincias con más medios públicos son Pichincha con 28, Guayas con 8, e Imbabura con 5.