El juez de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Eduardo Ochoa, negó la solicitud de habeas corpus a Eduardo V., procesado por el presunto delito de delincuencia organizada, en el caso de Petroecuador.

El peligro de fuga del país y la obstrucción a la investigación de la Fiscalía fueron los argumentos que presentó Ochoa durante la lectura de la resolución.   

Además indicó que la solicitud de prisión preventiva, efectuada por Fiscalía como medida cautelar, se encontraba debidamente fundamentada.

También explicó que los elementos de convicción encontrados tras el allanamiento de la vivienda del procesado, que contiene pruebas como la existencia de  dinero, transferencias hacia otras empresas domiciliadas en el exterior y el presunto organigrama de Petroecuador, se encuentran debidamente sustentados.

Reynaldo Zambrano, abogado del imputado, indicó que no existen elementos de convicción para que su cliente se encuentre privado de la libertad. “No existen indicios claros y precisos; en este caso son tres contratos firmados por la empresa Comanti, se encontraron $ 7.000 y le pertenecían a mi defendido”.

Zambrano dijo que su cliente no ha realizado transferencias al extranjero, tampoco ha tenido ningún tipo de relación con Marco C., Álex B. y Carlos P. Y. Con respecto al delito de delincuencia organizada, que se le imputa a Eduardo V., el abogado señaló que este tipo de organización tiene un orden jerarquizado para el cometimiento de una infracción, que no se comprueba en su defendido.

Eduardo V., Marco C. y Diego T. fueron capturados durante un operativo efectuado en Guayaquil y trasladados a Quito, donde se les efectuó la audiencia de formulación de cargos. A ellos les incautaron documentación y dinero en efectivo.

La Fiscalía cuenta con 18 casos abiertos por presuntos actos ilícitos cometidos en la empresa estatal Petroecuador. (I)