El presidente Lenín Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 526 en el que suprime la Secretaría de Inteligencia (Senain) y da paso al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

El proceso de eliminación de la Secretaría, creada en el 2009, inició a mediados de enero pasado y concluye con la creación del CIES que -según el mismo decreto- será una entidad de derecho público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera. Su sede será en Quito.

El centro estará presidido por el último secretario de la Senain, Jorge Costa Palacios, y se encargará por ejemplo, de entregar inteligencia estratégica a las autoridades correspondientes.

Según el artículo 4 del documento, todos los recursos, bienes, activos, leyes, decretos, reglamentos y normativa vigente de la extinta Senain serán transferidos al CIES.

Asimismo, “todos los reclamos procesos precontractuales, contractuales, administrativos, judiciales y extrajudiciales (...) que se encuentren en marcha” con la extinta Seain, seguirán siendo tramitados por el Centro de Inteligencia Estratégica.

En un plazo de 90 días, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, el CIES evaluará al personal. De ser el caso, los cesarán o llamarán a nuevos concursos públicos.

En enero pasado, Moreno indicó que la desaparición de la Secretaría obedece al clamor ético de la ciudadanía y a la implementación de “nuevas medidas de austeridad en cada una de las instituciones del Ejecutivo”.

La Senain, en 2017, tuvo un presupuesto de $ 50,8 millones, de los cuales el 84,3% se destinó a gastos especiales o reservados; es decir, en los términos de su normativa, “a actividades de inteligencia y contrainteligencia para la protección interna, el mantenimiento del orden público y la defensa nacional”.

De acuerdo con la rendición de cuentas del 2017, la Senain gastó $ 42,8 millones en esos gastos especiales; mientras que para los gastos corrientes se utilizaron $ 7,9 millones.

Una de las tareas financiadas con gastos especiales fue la Comisión del 30S (2013-2014), presidida por Carlos Baca, actual fiscal general. (I)