A consecuencia de un supuesto proceso de regresión y vaciamiento de contenido de derechos, ciertos dirigentes indígenas, como el presidente de la Conaie, Jorge Herrera, aseguran que en este Gobierno se vive un clima de persecución política y judicial, y que algunos de ellos han sido acusados de sabotaje y terrorismo.

A ello denominan “criminalización de la protesta social” y así lo han dicho dentro y fuera del país. Por ejemplo, en agosto de 2012, en la reunión del Comité por la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU, la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) denunció que las protestas en Ecuador se han dado en defensa de los derechos a la tierra, territorio, derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, pero que eso ha provocado persecución y criminalización.

Pero, no dijo que el 8 de marzo de 2012 una marcha indígena que partió de Pangui (Zamora) llegó a Quito a rechazar la supuesta política extractivista y minera y que nadie fue detenido. Igual ha ocurrido en otras marchas.

EL TELÉGRAFO consultó a Herrera ¿quiénes son y en qué cárceles están los presos por la criminalización de la protesta? “Existe, obviamente, el mismo Pepe Acacho que está con orden de detención”, dijo. No pudo “recordar” más nombres.

También aseguran que Cléver Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, enjuiciados por injuriar al presidente Rafael Correa, son parte de ello.