Durante la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ayer (lunes 13) se aprobó mediante resolución dar paso a la entrega de formularios para la recolección de firmas y se dé paso a una consulta popular en la provincia de Santa Elena. El motivo: saber sobre la modalidad del pago de pasajes del servicio de transporte público en esa jurisdicción.

La consulta será sobre la base de la siguiente pregunta: ¿Quiere usted que además de las tarjetas electrónicas utilizadas para el pago de pasajes en el transporte público en la provincia de Santa Elena, también se garantice el pago de pasajes con dólares como moneda de circulación nacional?

Esta petición de consulta la realizó el ciudadano Gustavo Andrés Andrade Orti en abril pasado. Sin embargo a pesar que el CNE autorizó la entrega del formato de los formularios, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dejó sin efecto la resolución al aceptar el recurso extraordinario de apelación interpuesto por Juan Tomalá e Iván Portes, quienes señalaron que Andrade no era representante del movimiento Poder Soberano por no estar registrado.

Hasta el momento existe un malestar en la población de Santa Elena por el incremento del 25 % en el valor de los pasajes para la transportación intercantonal e interprovincial; y el uso de las tarjetas electrónicas de manera obligatoria para el pago en el transporte público urbano, disposición que comenzó a regir en esta provincia desde el pasado 11 de abril.

Según el informe jurídico del CNE, se trata de un un tema de interés general que no implicaría enmienda ni reforma a la Constitución y se enmarca en el artículo 104 de la Constitución. En ese sentido es “procedente autorizar la entrega de formatos de formularios para la recolección de firmas en un número no inferior al 10% del registro electoral de la provincia de Santa Elena”. Este dato será establecido por la Dirección de Procesos Electorales del CNE.

La próxima semana el organismo electoral entregará el diseño de los formularios para que una vez entregados los documentos oficiales, se recojan las firmas necesarias en el plazo de 180 días. (I)