Los decretos presidenciales firmados el pasado 3 de agosto que reforman el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos y la normativa sobre organizaciones sociales fueron producto de los diálogos que impulsa el gobierno con diversos sectores involucrados y es una muestra de la ‘apertura política’ y la ‘eficacia’ del proceso, explicó el asambleísta Miguel Carvajal, presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

“Las reformas a ambos reglamentos muestran la apertura política del gobierno nacional, de la Asamblea, al pedido de las organizaciones políticas y a la eficacia de los procesos de diálogo que suponen apertura, disposición a escuchar y disposición a modificar lo que se deba modificar”, manifestó el legislador que ayudó a aprobar la Ley de Aguas.

Respecto a las reformas del reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, Carvajal señaló que, entre otros puntos, se busca suprimir procesos y trámites. Explicó, por ejemplo, que con la reglamentación anterior se ponían varios requisitos a las organizaciones y comunidades para que tengan autorizaciones de agua. Entre esos requerimientos estaban los certificados de titularidad de la tierra, pero había organizaciones campesinas que no tenían título de propiedad. (I)