La Defensoría del Pueblo junto con el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Misión Scalabriniana y la Defensoría Pública, presentaron una solicitud de medidas cautelares contra la decisión de exigir a los ciudadanos venezolanos el pasaporte como único documento válido para ingresar al Ecuador. 

La solicitud de las medidas cautelares se hizo en el Complejo Judicial Norte de Quito. Se prevé que la exigencia del requisito entre en vigencia desde este sábado 18 de agosto. 

El Gobierno ecuatoriano explicó que la medida busca garantizar la seguridad de los ciudadanos venezolanos, debido al ascendente flujo migratorio inusual que se ha dado en las últimas semanas y tras la declaratoria de emergencia en tres provincias ecuatorianas.

Paulina Murillo, adjunta de Derechos Humanos y de la Naturaleza Subrogante, explicó que exigir el pasaporte pone en riesgo a la comunidad venezolana y agranda su situación de vulnerabilidad.

 Además, señaló que afecta los derechos constitucionales de las personas migrantes y, sobre todo, afecta a los derechos de los niños, niñas y adolescentes que en su mayoría es la población que se pone en riesgo.

“Al exigir el Ecuador este requisito les estamos obligando a que entren de manera ilegal. Ahí va haber fuertes consecuencias de delitos”, recalcó Murillo.

Rodrigo Varela, director general tutelar de la Defensoría del Pueblo, señaló una regresión en los derechos de las personas, especialmente para ejercer la movilidad humana. "Esta medida especialmente afecta a la niñez y adolescencia de Venezuela, considerando que no todos tienen la posibilidad de tener un pasaporte".

Con la solicitud de medidas cautelares, las instituciones presentaron estadísticas que muestran que hay un porcentaje considerable de personas que llegan a Ecuador con la cédula de identidad o con otro documento. 

Para Varela es necesario que las autoridades de Ecuador establezcan medidas que garanticen los derechos de la población venezolana y la resiliencia de los migrantes que ya han logrado entrar al país.

Solicitar el pasaporte, añadió, pone en riesgo a esta población de ser víctima de trata de personas o de tráfico de migrantes. (I)