La Fiscalía dividió su acusación en dos grupos. El primero lo encabezó el expresidente Rafael Correa y está formado, además de él, por cuatro excolaboradores de su gobierno.

Mientras que el segundo está integrado por 17 personas, entre ellas Viviana Bonilla, legisladora independiente. La fiscal Diana Salazar aseguró que no era necesaria la prisión de los procesados del segundo grupo. Esta decisión fue aprobada por sus abogados.

Para ellos, el Ministerio Público pidió su presentación ante las autoridades y la prohibición de enajenar sus bienes.

Marcelo Dueñas, abogado de la legisladora Bonilla y del exasambleísta Christian Viteri, estuvo de acuerdo con la medida, pero solicitó a la jueza Daniella Camacho que sus clientes se presenten en Guayaquil, donde residen.  

Juan Pablo Torres, abogado de María Augusta Enríquez, exasesora de Vinicio Alvarado, recordó que su cliente siempre colaboró con la investigación.

David Acosta, defensor de Alberto Hidalgo, pidió que la medida de enajenar bienes sea proporcional, puesto que su cliente mantiene a su familia. (I)