El asambleísta de Manabí por Alianza PAIS (AP), Daniel Mendoza, presentó  una resolución con 22 firmas de respaldo (legisladores del bloque) para pedir a la Corte Constitucional (CC) que interprete el alcance del mandato que designó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en Transición.

El legislador realizó un alcance a su solicitud de cambio del orden del día. El objetivo es que el tema no sea tratado este jueves 26 de abril, día en que se dará el juicio político contra el fiscal Carlos Baca Mancheno. Mendoza pidió que el tema sea abordado en la próxima sesión del Pleno. 

El legislador considera que existen excesos en el proceso de evaluación a los organismos de control. "Ellos deben circunscribirse al anexo tres y a las funciones que tiene el Consejo de Participación conforme a lo que dice en la Constitución", aclaró.

Mendoza, incluso, reconoció que el anexo tres de la consulta popular del 4 de febrero les da competencias para evaluar y cesar anticipadamente en sus funciones solo a las autoridades designadas por el Consejo de Participación cesado. El legislador tomó el caso del Consejo Nacional Electoral (CNE) para aclarar su punto.

"De los cinco consejeros del CNE actual, tan solo uno fue designado por el Consejo cesado", explicó.

Ante la posibilidad de que pueda ser aprobada, Zambrano aclaró que "ningún asambleísta está dispuesto a conceder o entregar una competencia constitucional que tenemos, que es la del control político (fiscalización y legislación). Es un tema de derecho, de actuar como nos corresponde".

La idea es autorizar a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, para que ella presente el recurso de interpretación ante la Corte Constitucional. 

La noche del miércoles 25 de abril, Mendoza publicó en sus cuentas de redes sociales una "aclaración a mis mandantes" sobre su pedido. En ese comunicado, el legislador afirmó que "el ciudadano votó por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, no por una 'mini Asamblea Constituyente'". (I)