El pasado 7 de agosto el presidente Moreno anunció algunas reformas para entrar a un proceso de austeridad dentro del Estado. Uno de los puntos que tomó en consideración es la reducción del 10% del salario de los funcionarios públicos de nivel jerárquico superior.

Esta decisión fue apoyada por el asambleísta Héctor Yépez, quien afirmó “yo estaría de acuerdo en una rebaja de salarios, es algo que se puede asumir y arrimar el hombro”.

Criticó la existencia de gastos innecesarios que significan beneficios para los asambleístas porque no son urgentes, ni su falta impide el normal desenvolvimiento de sus labores.

Entre sus observaciones afirmó que es intrascendente que se les otorgue celulares a los legisladores que “cuestan tres o cuatro salarios básicos”, consideró que el sueldo de los asambleístas, $5.009, alcanza para comprar un teléfono sin que sea la Asamblea la que lo entregue.

Por su parte, la asambleísta Wilma Andrade señaló que es de trascendental importancia la realización de un diagnóstico hacia todo el funcionamiento de la Asamblea Nacional “para ver cómo se puede corresponder al llamado de austeridad sin que limite su accionar”, dijo. (I)