La Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley que fija el límite territorial en la zona denominada La Manga del Cura. En la sesión 443 del Pleno, la normativa registró 93 votos afirmativos y 5 abstenciones. 

La Comisión de Gobiernos Autónomos, que preparó el informe para segundo debate, indicó que la inclusión del proyecto en la legislación ecuatoriana es necesaria y conveniente para garantizar el derecho a una atención permanente de los habitantes de ese sector, a fin de lograr el desarrollo socioeconómico necesario.

A través de este cuerpo legal, se precisa que La Manga del Cura pertenecerá al cantón El Carmen, de la provincia de Manabí. Sus ciudadanos, en la consulta popular del 27 de septiembre de 2015, decidieron pertenecer a esta jurisdicción. Con esta decisión, se soluciona un conflicto limítrofe que existía entre Manabí y Guayas.

Sobre la parroquialización de La Manga del Cura, la Comisión señaló que esta creación le corresponde al concejo municipal.

En el informe para segundo debate se incorporó, en la disposición transitoria segunda, que las entidades públicas, según sus competencias, destinarán los recursos económicos requeridos para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes de la Manga del Cura y compensar la falta de atención a este sector.

El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, enfatizó que, con esta norma, se establece la jurisdicción territorial, provincial y cantonal de esta zona y fija el límite territorial entre las provincias de Guayas y Manabí, en virtud del pronunciamiento popular.

Por otra parte, explicó que se mantienen otras disposiciones que determinan la obligatoriedad del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de entregar un informe actualizado al Ministerio de Finanzas sobre el crecimiento poblacional, a fin de efectuar los recálculos presupuestarios, aumentar los montos destinados a los gobiernos autónomos y atender las demandas rezagadas.

Aseguró que, también, se garantiza la estabilidad laboral de los funcionarios de las instituciones públicas asentadas en ese sector, así como la transferencia de recursos para su funcionamiento. (I)