El contralor subrogante Pablo Celi informó que la entidad tiene en proceso 297 auditorías a entidades públicas, entre estas el análisis de la contratación de la deuda pública durante el régimen anterior y que cuenta con la intervención de la comisión ciudadana creada para el efecto.

Durante su rendición de cuentas, Celi indicó que este examen está casi listo y al momento se ha notificado a los funcionarios responsables y se revisó la información reservada antes de presentarlo.

Además,  confirmó que siguen adelante otros exámenes como el egreso, utilización, reintegro y registro contable de $ 300 millones de la Ley Orgánica de Solidaridad, así como la verificación de los estados financieros del Banco Central.

Confirmó que el personal de auditores efectúa otros análisis a las operaciones administrativas y financieras de la comisión 30-S, referida a supuestos pagos a los comisionados cancelados por la Secretaría de Inteligencia.

En ese punto, sostuvo que ha pedido a la fiscal Thania Moreno la documentación que el titular de la Asamblea, José Serrano, entregó.

“He solicitado a la ministra fiscal subrogante, se me informe sobre los documentos supuestos de la Contraloría, que le han sido entregados; si estos constituyen originales, copias, si son copias certificadas, puesto que de existir situaciones de orden ilegal o situaciones que puedan configurar delitos contra el Estado, sean judicializados”, indicó.

En otro punto, dijo que se fiscaliza la difusión de información y publicidad en la Presidencia de la República, los contratos para dotación de infraestructura y expropiación de terrenos en Yachay, la campaña publicitaria ‘All You Need is Ecuador’, emprendida por el Ministerio de Turismo.

En el área de Recursos Naturales avanzan las auditorías a la repotenciación y manejo ambiental en la Refinería de Esmeraldas, así como a los proyectos mineros: Loma Larga (Quinsacocha), Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco y Llumiragua.

Celi recordó que la entidad que dirige desde mayo de 2017 ha elaborado 1.912 informes que han predeterminado responsabilidades civiles en organismos estatales por $ 1.150 millones.

A ello se suman resoluciones de responsabilidad penal por $ 250 millones que están en procesos de devolución. También emitieron 186 informes con indicios de responsabilidad penal. (I)