La Ciudad del Conocimiento, más conocida como Yachay Empresa Pública (EP) y la Universidad Yachay Tech siguen en la mira luego de los dos exámenes especiales realizados por la Contraloría. Aunque hay otras auditorías que se desarrollan paralelamente dos ya se han difundido.

En ellos se detectaron supuestas irregularidades que iban desde los pagos a contratistas; falta de control de las obras, arriendos de oficinas sin justificar, consultorías que no se usaron, compra de equipos tecnológicos sin sustento, hasta el mal manejo administrativo del personal, entre otras anomalías.

El primer informe abordó a la Empresa Pública Yachay, creada en marzo de 2013 para edificar la Ciudad del Conocimiento en Urcuquí, en la provincia de Imbabura. La Contraloría emitió 10 observaciones a la gestión de las anteriores autoridades encabezadas por Héctor Rodríguez.

El informe señala que se autorizó la realización de obras y prestación de servicios sin contratos previos, lo que generó obligaciones por más de $ 5 millones.

La cifra fue cancelada a los contratistas mediante cinco convenios de pago. Una figura legal que se usa solo en casos extraordinarios.

Tampoco se efectuó el reajuste de precios antes del pago del anticipo del contrato para construcción del proyecto de infraestructura y equipamiento urbano de la ciudad del Conocimiento, lo que ocasionó un pago en exceso de  $ 954.379. También existieron diferencias en volúmenes planillados en el proyecto del Clúster Ciencias de la Tierra que provocó pagos por más de $ 3 millones.

Otro contrato observado es para la construcción de vías internas del centro de estudios. Una obra que llegó a tener 824 días de demora, sin que las autoridades liquiden el contrato por estas fallas. Pero tampoco gestionaron la recuperación total del anticipo dado para las vías que llegó a los $ 10,5 millones.

Además se constató que la Empresa Pública Yachay arrendaba inmuebles en Quito por $ 128.388, a pesar de contar con infraestructura suficiente en Urcuquí.

En lo concerniente con la universidad la contraloría detectó faltas relacionadas con  pagos indebidos a funcionarios de la entidad.

Uno de ellos es el pago de  más de $ 20.000 a parejas de esposos y profesores por concepto de viáticos por residencia. La ley determina que ese beneficio solo lo podía recibir uno, pero ambos ganaban esta compensación mensual.

Otro de los casos es que en la universidad tampoco se liquidaron $ 10.064 del anticipo de viáticos del Secretario Académico por falta de informes de cumplimiento de actividades.

Además iniciaron contrataciones sin verificar la existencia de las condiciones físicas y administrativas para la implementación de laboratorios. Esto ocasionó que hasta la fecha de cierre del examen los estudiantes cuenten con laboratorios de Biología, Física, Geología y Química, fundamentales para sus actividades académicas.

La autoridad de control explicó en sus informes que dichas anormalidades atentaron contra el centro de estudios superiores, porque ese presupuesto que fue mal encaminado pudo servir para los programas y proyectos de la Ciudad del Conocimiento.

Sin embargo el saliente rector de la Universidad del Conocimiento, Carlos Castillo, defiende su gestión y enfatiza “Vamos a intentar impugnar. Hay cosas que no aparecen en el informe de la Contraloría como, por ejemplo, que en agosto regresamos $ 1,8 millones al erario público por concepto de salarios de los miembros de la comisión gestora y decanos que no vivían en Ecuador.

Asimismo, no se menciona que los pagos dobles de viáticos los detectamos nosotros. La mayoría de observaciones son anteriores a mi gestión”. Sostuvo Castillo quien dejó el cargo el pasado martes 13.

Sobre el presupuesto de Yachay Tech para 2017, el exfuncionario reveló que se usó el 80% de los $ 21 millones destinados, es decir, $ 17 millones porque resaltó que se planificó la adquisición de un equipo que cuesta más de $ 1 millón que hubiera aumentado la realización o utilización de los rubros asignados. Pero que la proveedora ofreció un modelo nuevo sin costo, el que recién llegará el próximo año. (I)

Cronología
La ciudad del conocimiento está por cumplir cuatro años y tiene dos exámenes especiales de Contraloría que revelan irregularidades.

01/abril 2014
El presidente Rafael Correa inaugura la ciudad del conocimiento. La inversión prevista era de $ 1.043 millones. Su primer rector fue Fernando Albericio.

12/septiembre 2016
Después de 2 meses de su renuncia, Fernando Albericio denuncia una serie de irregularidades en Yachay EP y Tech.

15/septiembre 2017
El presidente Lenín Moreno visita la universidad y expresó que “encontró un producto defectuoso e incompleto, una metáfora que nos dejó la revolución ciudadana”.  

18/septiembre 2017
El Ejecutivo anuncia en su informe semanal que ha pedido que la Contraloría haga los exámenes que correspondan para determinar posibles responsabilidades.  

18/octubre 2017
La Contraloría General del Estado anuncia el inicio de los exámenes especiales a Yachay Tech y Yachay EP después de recorrer la obra.

09/febrero 2018
El contralor Pablo Celi revela las irregularidades encontradas en los exámenes especiales que derivaron en 10 informes de la empresa pública y 4 de la universidad.   

13/febrero 2018
Carlos Castillo, rector de la Universidad Yachay Tech, presentó su renuncia por motivos personales y expresó no estar de acuerdo con la forma como se eligen los rectores en Ecuador.

Infraestructura
Estado situacional
De acuerdo con el informe presentado por el Gobierno Nacional en septiembre de 2017, Yachay Tec h no cuenta con la infraestructura necesaria y adecuada, porque existen únicamente 12 aulas y cuatro laboratorios para 1.010 estudiantes.

11 aulas aulas del Instituto Superior 17 de Julio son prestadas para que estudiantes reciban clases.

Falta de equipamiento
En la primera fase, comprendida entre 2012 - 2018, se planificó el requerimiento de $ 60 millones para equipamiento de laboratorios, $ 19,7 millones eran destinados para el año 2017.

Fiscalía analiza los enlaces ciudadanos
El informe publicado en la web de la Contraloría General del Estado sobre “los recursos utilizados por la Presidencia de la República y entidades relacionadas, en los enlaces ciudadanos que efectúa el Gobierno Nacional” abarca lo realizado desde el 1 de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2015.

En dicho documento se generan conclusiones realizadas por la autoridad de control. Además se hacen recomendaciones. Entre las observaciones está: La Secretaría General de la Presidencia de la República, suscribió 13 convenios de pago, por $ 633.872,01, que correspondieron a la entrega de servicios comunicacionales, requeridos por el coordinador general de Comunicación, para la
realización de los enlaces ciudadanos y para el pago de esos servicios, únicamente se adjuntaron las facturas y el acta de entrega recepción del servicio, en algunos casos; sin evidenciar, la realización de procedimientos o mecanismos utilizados para la
contratación, en cumplimiento de la normativa establecida.

Desde el 20 de enero de 2007 hasta el 20 de mayo de 2017 se emitieron 523 sabatinas. De esa cifra, 508 fueron a escala nacional y 15 en el extranjero. El primero de estos espacios se realizó desde el Salón Amarillo de Carondelet.

Entre las conclusiones también consta que “en 13 procesos de contratación efectuados en la Presidencia de la República, por un total de $ 2’976.012,40 el coordinador general de la Secretaría Nacional de Comunicación no documentó información que fundamente las necesidades del servicio, los estudios y presupuestos con las especificaciones técnicas correspondientes de los bienes o servicios requeridos y las razones que justifiquen la realización de esta contratación, tampoco existe evidencia fundamentada que respalde los costos de las contrataciones, que permitan conocer si la entidad seleccionó ofertas convenientes, para los intereses de la institución, así como establecer los usos, destinos, finalidad y alcance de los productos comunicacionales contratados.

También se observa “la elaboración de un contrato por los servicios artísticos del grupo musical “Conciencia Ciudadana”, definiéndola como urgente, sin fundamentar tal característica, por otro lado, el costo del servicio estaba previsto en $ 2.600,00 mensuales de acuerdo a lo establecido en los considerandos de la Resolución 188 del 21 de abril de 2011; sin embargo, en la cláusula sexta, forma de pago, se mencionó que los desembolsos se realizarían por presentación; en consecuencia, el coordinador general de la Secretaría Nacional de Comunicación solicitó el pago de $ 60.100,00 por 23 presentaciones artísticas.

El actual contralor Pablo Celi entregó a la Fiscalía un informe con responsabilidad penal que incluye a por lo menos 10 funcionarios de la Secretaría de Comunicación. (I)