Edición del jueves 21 de abril de 2017
Juez declaró prescripción del caso ‘Mochila Escolar’
Actualidad / página 14
La doctora Sandra Correa, exministra de Educación, Cultura y Deportes, en el periodo del expresidente Abdalá Bucaram, en una comunicación, remitida a este medio el 22 de abril de este año, precisa que Bucaram no suscribió el contrato para implementar el programa educativo ‘Mochila Escolar Gratuita’ el 11 de noviembre de 1996, sino que ese documento fue firmado con base jurídica y constitucional en los decretos presidenciales N° 197 - N° 292 y la entonces Ley de Contratación Pública, Art.- 52, 63, etc. Y asegura que tampoco causó perjuicio alguno al Estado ecuatoriano y para ello señala el acta de finiquito (finalización legal de contrato), suscrita el 17 de abril de 2017.
Indica que el programa educativo fue financiado en su totalidad -$ 40’000.000- con un préstamo de gobierno a gobierno, que por mandato legal estuvo excento de licitación, no así, de la rigurosidad jurídica exigida para esta clase de contratación. “Fue la Ley de Contratación Pública, no Bucaram, a através del Decreto Presidencial 292 que autorizó a la Ministra de Educación suscriba el contrato con Promotora de Intercambio S.A., cumpliendo la ley, entre otros, la exoneración de licitación por tratarse de un progarma educativo íntegramente financiado con crédito de Gobierno a Gobierno por $ 40’000.000”.
También sostiene que el contrato con la empresa colombiana Promotora de Intercambios, por $ 40’000.000, no fue para la adquisición de 1’800.000 mochilas, sino para 1’200.000 con cuatro componentes: 1.- Restaurantes-salas de lectura de uso múltiple. 2.- Unidades médicas móviles para salud escolar ambulatoria. 3.- Bancos de textos escolares de uso intergeneracional. 4.- Material didáctico para trabajo en el aula -mochilas escolares con su implemento de trabajo.
En el contrato autorizado para ejecutarse mediante decreto de emergencia N°197 durante el gobierno de Abdalá Bucaram, el precio fue de $ 24,80 por cada una de las 1’200.000 mochilas escolares equipadas y adquiridas. $ 198.000 costó cada una de las ocho unidades médicas móviles adquiridas con tres dormitorios; $42.560 cada uno de los 100 comedores escolares; $ 5.50 cada uno de los 800.000 textos escolares contratados con especificación técnica.
Para ella nunca hubo peculado ni beneficios a terceros. “Siempre he sido inocente. Y cumplí una cruel condena mediática judicializada...
Por estas imprecisiones que se publicaron el 21 de abril en la página web y en el impreso de este diario, EL TELÉGRAFO pide disculpas a la doctora Correa León y a sus lectores. (I)