La Ministra de Gobierno María Paula Romo y el Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín comparecieron en la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad de la Asamblea Nacional.

Los Secretarios de Estado presentaron sus respectivos informes sobre los hechos ocurridos durante las últimas manifestaciones. En la comparecencia está presente también César Litardo, presidente de la Asamblea.

Romo indicó a la mesa legislativa un informe preliminar, dijo que lo sucedido en los 11 días de movilizaciones fue un desafío al estado de derecho y al orden establecido.

.@mariapaularomo destacó que los días críticos de protestas fueron el 10, 11 y 12 de octubre. Con un saldo de: 1.507 personas atendidas en centros de salud; 202 policías privados de su libertad y 1'516.137 barriles equivalentes a $87,27 millones pic.twitter.com/16gqHGIFll

— Asamblea Nacional (@AsambleaEcuador) October 23, 2019

"Creo que en el contexto de una protesta social, no hay una movilización única, lo que pasó fue una serie de sucesos que se dieron al mismo tiempo. Se generó una oportunidad para una desetabilización en otro grado y magnitud que incluso tiene ribetes regionales", dijo.

Señaló que durante las movilizaciones se realizaron  1.507 atenciones en el sistema de salud pública, tanto de efectivos del orden, como de civiles. Y que 1.382 personas fueron detenidas por delitos como instigación, agresión, destrucción de bienes, etc.

Se atendieron a 435 policías, 1.300 turistas de 25 nacionalidades no pudieron movilizarse, 200 policías fueron retenidos.

Señaló que 16 provincias tuvieron menos del 44% de abastecimiento de alimentos, las FF. AA atendieron 109 solicitudes para atender la provisión de alimentos.

"La @PoliciaEcuador hizo un trabajo impecable, utilizó la fuerza permitida para estos casos, que es la disuasiva. No disparó una sola bala al contener actos vandálicos como el ataque a la Contraloría, y los saqueos en Guayaquil, con más de 3500 implicados", dijo @mariapaularomo. pic.twitter.com/jFNTizoAaJ

— Ministerio de Gobierno Ecuador (@MinGobiernoEc) October 23, 2019

En lo que respecta a las afectaciones en el área de hidrocarburos, señaló que hubo pérdidas de $87 millones.

Se cancelaron 290 vuelos, 165 nacionales, 120 internacionales y 5 de carga. Se atacaron 480 instituciones, como 26 UVC, 48 ambulancias y 11 instituciones educativas.

Al final de su presentación, la Ministra señaló que de ninguna manera se pretende justificar los hechos violentos de parte y parte, pero si mencionó que el Estado tiene el uso legítimo de defensa y se preguntó cuál es mensaje político al atacar bienes como la Contraloría.

Indicó que en los saqueos de Guayaquil 3.500 personas cometieron delitos y que solo 300 uniformados intentaron frenar la situación.

Romo mencionó que los policías que actuaron violentamente son casos aislados que están en investigación. Mencionó que se intentó crear el caos y generar impunidad, cuando en esas fechas se debían realizar los procesos judiciales en el caso Sobornos 2.012-2.016 y casación en el caso de Jorge Glas.

En la @AsambleaEcuador, el ministro de Defensa, #OswaldoJarrín, comparece en la Comisión de @SoberaniaAN, para informar sobre las acciones tomadas frente al paro nacional. pic.twitter.com/CK2DBGmQdo

— Defensa Ec (@DefensaEc) October 23, 2019

Por su parte, el minsitro Jarrín aseveró que “la orden fue preservar la vida de los soldados y de la población, a pesar de que las Fuerzas Armadas fueron humilladas, a fin de proteger a la ciudadanía. Al cumplir su misión, demostraron que no han perdido identidad”.

Además, el Secretario de Estado indicó que "las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantuvieron una actitud defensiva, de protección de los derechos ciudadanos, los recursos y las instalaciones estratégicas del país. Jamás pasó a una actitud ofensiva".

Encarnación Duchi, del movimiento Pachakutik, pidió que se escuchen a otros sectores para poder construir un informe integral, dijo que existe un ambiente de discriminación contra el movimiento indígena, por ello solícito que se identifiquen a los grupos que provocaron los casos de violencia.

"Después de 13 años de persecución, dijimos vamos al diálogo, luego de las manifestaciones fuimos al diálogo, me preguntó ¿cómo podemos avanzar si existe denuncias, persecución contra los dirigentes indígenas?", señaló

Al respecto, Romo dijo que la posición del Gobierno no es criminalizar a ninguna organización y ser respetuosos con las diferencias políticas.

Sobre los dirigentes citados por el sistema de justicia mencionó que en un Estado de derecho cuando somos notificados por la Fiscalía vamos y rendimos cuentas.

"Todos los actores que han participado de distinta manera en este conflicto tendremos que rendir cuentas con sus diferencias y en la medida de su participación. Tengan por seguro que el Gobierno no perseguirá a nadie, ni se inventará nada y que rendirá cuentas de sus actos", indicó

Fernando Flores, de Creo, dijo que la comisión recibirá a más sectores sociales, entre ellos, a los dirigentes indígenas. (I)

(Noticia en desarrollo)