Desconcentrar los servicios estatales es uno de los proyectos del Gobierno. Como tal el presidente Rafael Correa anunció ayer, durante el enlace ciudadano 381 efectuado en Déleg (Cañar), la construcción de 3 complejos de edificios estatales en Quito y Guayaquil.

La inversión en los inmuebles, que se destinarán al trabajo de la Función Judicial en la capital y del Ejecutivo en el puerto principal, superará los $ 280 millones.

En Quito, se edificará un complejo judicial en el centro-norte y otro en la parte sur.  El primero estará ubicado en el sector de Iñaquito, abarcará 48 mil metros cuadrados (m²) y allí laborarán 144 jueces.

Mientras que la otra estructura estará en Quitumbe, tendrá 40 mil m² y albergará a 122 magistrados. La construcción de ambos edificios comenzaría en septiembre.

En Guayaquil el Gobierno apunta a edificar un Complejo Gubernamental de la Producción, cuyas primeras piedras se colocaron mayo pasado. En la obra se invertirán $ 187,7 millones y albergará cuando esté concluido -en 2016- a más de 6.500 funcionarios.

Reforma agilizó el sistema judicial

Según destacó Correa en su informe semanal, la reforma judicial ratificada mediante referéndum en 2011 permitió mejorar el sistema penal, de justicia y simplificar más de 80 tipos de procesos vigentes.
Resaltó, por ejemplo, que antes de los cambios ejecutados, en Quito se resolvían en promedio 15 procesos al mes, mientras que en la actualidad ese indicador se ubica en 75 causas mensuales.
Además, la resolución de un juicio tomaba 191 días aproximadamente y hoy ese tiempo se ha reducido a un promedio de 75 días.

El Presidente destacó que estas mejoras fueron posibles gracias a que el ‘Sí’ ganó en las preguntas respecto al mejoramiento del sistema jurídico en la consulta popular de 2011.

Otras de las estadísticas mostradas por Correa indican que en 2008 se produjeron 2.078 caducidades de prisión preventiva (10%), lo que habría permitido la liberación de  delincuentes peligrosos. En lo que va de este año, la excarcelación de personas sin sentencia en el tiempo máximo establecido en la ley (6 meses o un año, según el caso) llega apenas a 10.

Esto se reflejara en el hecho de que actualmente el 78% de las personas privadas de la libertad tiene sentencia, en comparación con el 29% que fue juzgado en 2006.
Otros datos, de la Organización de Estados Americanos, mostrados en el enlace muestran que Ecuador tiene 154 privados de la libertad por cada 100.000 habitantes, una cifra menor que el promedio de internos registrados en Latinoamérica.

Durante la sabatina Correa también emitió un reclamo por la “lentitud en la ejecución de algunas obras gubernamentales”.  Anunció la conclusión unilateral del contrato de construcción del puente peatonal entre la isla Santay y Durán, en Guayas, que debió terminarse en marzo y cuyo plazo fue ampliado en julio.  También se quejó porque en la Ruta Collas, el acceso norte al nuevo aeropuerto de Quito, no se estaría trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, para cumplir con su terminación a fines de este mes. “Si no pueden cumplir los plazos, no acepten los contratos”, manifestó el mandatario.