Antes de que el pensamiento se encerrara en lo subjetivo e individual, los griegos privilegiaban el diálogo. Para Sócrates y Platón, por ejemplo, fue esencial.

Los griegos sostenían que se piensa discutiendo, que el pensamiento es un esfuerzo que crece y se enriquece con el diálogo. Por eso el pensamiento se desarrollaba en el ágora, en las plazas, en las calles.

Hace 3 meses el Presidente de la República convocó a un Diálogo Nacional por la Equidad y la Justicia Social. El diálogo desde entonces fue una invitación para pensar juntos en cómo hacer del Ecuador un país donde imperen estos valores.

De ahí que lo más importante de este proceso ha sido el propio diálogo. Este ha permitido profundizar el principio de reconocimiento que la Revolución Ciudadana implementó desde antes de ser gobierno. Es decir, reconocer la legitimidad de todos con quienes hemos dialogado.

El diálogo también ha puesto, una vez más, la política en el centro de la sociedad. Frente a las protestas de unos contra otros, el diálogo supuso la búsqueda conjunta de equidad, de justicia, de soluciones compartidas.

Este proceso nos ha permitido poner en práctica las políticas contempladas en el Plan Nacional del Buen Vivir que rige hasta 2017, y que propone consolidar un Estado democrático y construir poder popular. El Diálogo ha fortalecido una ciudadanía reflexiva y ha permitido rescatar la idea que la equidad y la justicia social no es responsabilidad de alguien en particular, sino un asunto de corresponsabilidad del Estado, la sociedad y los individuos. Quienes hemos dialogado hemos concluido que la equidad y la justicia es por nosotros, pero depende de nosotros.

Y así, sobre esta base, se han logrados acuerdos.

Sobre las leyes de plusvalía y herencias se ha comprendido que no van en contra de nadie, sino de prácticas como la especulación, la evasión y la elusión.

En la primera, hay respaldo de los Gobiernos Autónomos y la ciudadanía, pero amerita seguir discutiendo los detalles y las herramientas para su implementación.

Sobre el proyecto de Ley de Herencias los acuerdos son más detallados: mantener la tasa máxima de 17,5% para negocios en marcha; subir la base exenta a $ 170.000, es decir, 480 salarios básicos (40 años de vida laboral de un obrero); combatir los mecanismos de elusión y de evasión; y que lo recaudado alimente lo que ya se destina a becas, pero se dirija con exclusividad a indígenas y afroecuatorianos.

Pero el diálogo ha sido una gran oportunidad para más. Para ampliar y perfeccionar nuestra oferta programática: fortalecer la economía solidaria; incentivar la producción; democratizar los factores productivos como tierra, agua, crédito; mejorar herramientas normativas como el Reglamento a la Ley de Aguas, o aquel que regula las Organizaciones No Gubernamentales; eliminar la tramitología odiosa e innecesaria; y fortalecer las herramientas de participación ciudadana: consejos sectoriales, comités de usuarios y, fundamentalmente, las asambleas locales.

Me alegra que el diálogo no haya sido solo entre ‘amigos’. No solo recibimos aplausos sino también importantes críticas constructivas.

Agradezco a quienes hicieron posible que esta iniciativa desborde a sus propios convocantes, a la ciudadanía en general, al Gobierno Nacional, a la Asamblea Nacional, a los Gobiernos Autónomos que se sumaron, pero sobre todo a las organizaciones sociales y políticas, cuyos espacios de diálogo ni siquiera logramos contar.

A los sectores de oposición que se autoexcluyeron y se negaron a dialogar y debatir, les queda explicar a la ciudadanía por qué, mientras el diálogo puso la política de la propuesta, ellos se fueron por la política de la protesta.

El Diálogo Nacional se extiende hasta finales del año, con lo cual se mantiene vivo el poder constituyente y se radicaliza la democracia. (O)