El 15 de mayo de este año debió elegirse, según manda el artículo 317 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía Descentralización (Cootad), a la segunda autoridad del Ejecutivo municipal de acuerdo con el principio de paridad de género donde fuere posible.

Si el alcalde es varón, la vicealcaldesa debe ser mujer. En 221 municipios del país solo 18 mujeres fueron electas alcaldesas, por ello, debería haber 204 vicealcaldesas.

Sin embargo, en varios cantones, incluido Cuenca, la paridad fue burlada. En una primera sesión no se llegó a un acuerdo para la vicealcaldía. Hubo votos fragmentados para los ediles Pablo Burbano, Paola Flores y Marisol Peñaloza. Se convocó a una sesión extraordinaria para el 17 de mayo en la que seguramente precedió un “pacto de caballeros”: 14 varones le dieron el triunfo a Burbano.

La concejala Flores se retiró de la sesión con un gesto de protesta porque se ignoró su propuesta de leer la ley sobre paridad y datos de la desigualdad en las elecciones locales, donde solo siete mujeres encabezaron 38 listas.

Desde la vigencia del Cootad en Cuenca se cumplió con la ley al designar a la vicealcaldesa Ruth Caldas. Pero esta vez los concejales desconocieron los derechos de sus compañeras al hablar de “gobernabilidad” para que la autoridad tuviese en el cargo a alguien de confianza.

En la historia nacional reciente hay ejemplos de expulsión femenina del escenario público: mujeres que no terminan los períodos del cargo, que renuncian para que el marido se principalice, que son ilegalmente destituidas, a quienes se les arrebata, inconstitucionalmente, la presidencia de la República, entre otras flagrantes vulneraciones de derechos políticos.

Por eso, desde 1997 en el Ecuador, la Ley de Amparo Laboral impuso medidas de acción afirmativa para alcanzar la igualdad política.

Las cuotas se aplicaron de manera progresiva y en 2008 la paridad superó este concepto y se estableció como principio constitucional. Sin paridad obligatoria alcanzaríamos la igualdad, de acuerdo con Naciones Unidas, en unos 400 años. Y no es cuestión de mérito, sino de justicia. Las mujeres somos la mayoría de la población. Nuestra invisibilidad pública no se debe a incapacidad sino a la falta de oportunidades.

Caben acciones constitucionales para corregir el daño, porque inobservar la paridad viola normas exigibles y deja ver el interés nulo de vernos como iguales.

Ecuador destacó en los últimos años en indicadores de participación política femenina. El retroceso en las últimas designaciones da cuenta de la misoginia institucionalizada. (O)