Organizaciones sociales, lideradas por el Colegio de Abogados de Pichincha, anunciaron ayer que en el documento entregado al presidente Lenín Moreno solicitan la derogatoria de los decretos 16 y 739 y el archivo del Proyecto del Sistema de Participación Ciudadana y Control Social.
Además, informaron que hoy participarán en la concentración en los exteriores de la Fiscalía de todas las ciudades del país.
El pedido de derogatoria, dijeron, lo presentan como una preocupación de la normativa vigente que “limita y afecta el derecho a la libre organización y ha servido como un instrumento para acallar la protesta social”, dijo Ramiro García, del Colegio de Abogados de Pichincha.
Apelaron al Diálogo Nacional propuesto por el presidente Lenín Moreno y afirmaron que es necesario que las organizaciones sociales recobren su autonomía. En este sentido, Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE) enfatizó en la necesidad de que el grupo de personas a las que representa recupere la personería jurídica.
Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial Ecuatoriano, enfatizó que los decretos ejecutivos, emitidos por el expresidente Rafael Correa, “intimidan” a las organizaciones sociales y son normas desfasadas con la Constitución.
Sin embargo, para el presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), José Villavicencio, la misión en este momento es combatir la corrupción. Anunció que pedirán a la Fiscalía que investigue a los funcionarios, que presuntamente están involucrados en los diversos casos de corrupción.
El grupo insiste en que se debe incluir al vicepresidente, Jorge Glas. (I)