Luis Verdesoto, Consejo Nacional Electoral (CNE)

Licenciado en Filosofía, magíster en Sociología y doctor en Estudios Políticos

¿Un proceso electoral en medio del coronavirus puede resultar un riesgo?

La pandemia es una realidad frente a la cual deben producirse los hechos políticos y la conformación de la comunidad política. El CNE debe garantizar, en su área específica la transparencia electoral, que se cumplan las garantías de salubridad durante las votaciones. Esto es, proteger la salud de los sufragantes y de los funcionarios electorales. Por ello, es responsable, susceptible de sanción por omisión o decisiones inadecuadas, por decisiones anti-técnicas o interesadas.

El proceso electoral se torna peligroso ante directrices inadecuadas. Hasta la fecha desconocemos cuáles son los  parámetros de seguridad y salubridad, si se han coordinado con el COE o las autoridades de salud. Decisiones de esta envergadura debieron adoptarse en conjunto con todas las restantes funciones del Estado. Por el carácter nacional que tienen. Como lo han hecho otros países. Tampoco sabemos si hay estudios epidemiológicos que sustenten la elaboración de planes de contingencia, que justifiquen el número de electores por Junta Receptora del Voto, que determinen el flujo conveniente de electores y las características de los recintos electorales. Lo hemos advertido con oportunidad. Y oportunamente han sido obviadas nuestras advertencias. 

Las elecciones no podrán llevarse a cabo en los términos tradicionales, con las largas filas de personas subiendo y bajando por los pasillos de las instituciones educativas, esperando ingresar a un aula cerrada para sufragar. Una mala planificación de las elecciones elevará los índices de contagio del virus y la pérdida de vidas humanas.

¿Cuáles son las acciones que recomiendan a nivel internacional para los comicios y qué hace el CNE sobre esto?

Todos los protocolos electorales en épocas de pandemia se basan en decisiones conjuntas o coordinadas con las autoridades de salud pública. Las instrucciones de las autoridades de salud en relación con el movimiento de personas –flujos, aglomeraciones- condicionan a los organismos de administración electoral. La pandemia obliga a rediseñar la forma cómo se ejercerá el sufragio en el presente y el futuro. Tienen implicaciones en el calendario y la administración de elecciones. Pese a nuestro pedido y al de la mayor parte de organizaciones políticas nacionales, el calendario electoral continúa escrito en piedra, obligando a acciones inconvenientes para la representación ciudadana.

Hay 350 electores por Junta Receptora del Voto Electoral. ¿Esto puede resultar peligroso para los electores?

Si, la decisión adoptada por la mayoría es de extremo riesgo. No se ha hecho ningún  estudio epidemiológico que sostenga como adecuado ese número de votantes por Junta. ¿Acaso la realidad no ha cambiado? ¿No se percatan que el nuevo peligro son las aglomeraciones, las que incluso fueron recomendaciones de cambio de la observación internacional?

Tampoco se han realizado simulaciones –entendidas como reproducciones de la realidad que ocurrirá- para determinar el flujo de tiempo real en votaciones que tendrán otras características por el distanciamiento social. Mientras no se las haga, las sugerencias serán solo especulaciones de alto peligro. Nuestro mayor riesgo como país es la densidad poblacional. Mantener las mesas con 350 electores en los mismos recintos es irresponsable. Lo dicen los médicos y los especialistas.

¿Hay algunos cambios en el tema seguridad del proceso electoral? Por ejemplo, ¿por qué no se quiere guardar en pdf las actas del reconteo?

Hay temas centrales que deben ser abordados. Para evitar chocar otra vez con las mismas piedras. Y evitar las mismas travesuras. En las mesas debe entregarse una fotografía oficial del acta de la mesa a cada partido, como referencia para sus propios escrutinios. Y también a los medios de comunicación. Esto al margen de  que cada uno de ellos pueda fotografiar o filmar todo el proceso. El Estado debe facilitar los procesos. No obstruirlos. También debe haber un acta, una sola, firmada, cuando se suspenda el escrutinio y para el reconteo de ser el caso. Los medios también deben poder hacer el seguimiento de ese proceso de reconteo. Igualmente, en el acta deben constar la totalidad de votos en cada elección, haciéndose constar, de modo automático los rangos de diferencia de votos. Para evitar el “extravío” que fue oportunamente notada en la anterior elección.¿Se conoce el sistema informático que se implementará en la inscripción de candidaturas?

No. Existen cinco documentos, de distinto origen científico, radicalmente críticos sobre el estado de la no preparación del sistema informático en relación a la fecha de las elecciones. De su propio calendario electoral. La sociedad civil y la política deben auditar, con absoluta independencia, el retraso, la elaboración de programas, el talento humano informático y, fundamentalmente, el incumplimiento del cronograma para las tareas informáticas. 

¿Qué hay con las directrices para los recintos electorales?

Pese al análisis, observaciones y recomendaciones que envié a través de documentos oficiales se desconoce si los recintos electorales y las juntas receptoras del voto, sitios de masiva concurrencia por parte de los electores contarán con protocolos de bioseguridad. No se puede asegurar la salud de los electores la desinfección de aulas, a las que pueda ingresar una persona contagiada. Por ello, los protocolos recomiendan lugares abiertos.  También para asegurar los flujos de electores y evitar los contactos en los pasillos. Y las aglomeraciones fuera de los recintos. Presenté un modelo de recintos abiertos del que cada vez adquiero certeza que nunca fue leído siquiera. Y tampoco conozco que piensan cada uno de los consejeros de mayoría, Nunca han expresado su criterio.

¿Se cumplió con la entrega del padrón electoral depurado para el 2021?

El 19 de junio el CNE se entregó un Registro Electoral a las organizaciones políticas que lo solicitaron. Supongo que fue actualizado. Lo solicitaron 16 organizaciones. Quedan pendientes de resolver mis principales preocupaciones. Esto es, la relación entre población censal y población electoral, en la que no puede haber un desfase tan drástico. Además la presencia de un número absoluto relativamente constante de electores ausentes, habiendo cambiado la incorporación de nuevos electores en edad de votar. Asimismo, el drástico cambio en la tasa de ausentismo entre 2004 y 2011. El 19 de agosto de 2020 de conformidad con el artículo 78 del Código de la Democracia y cumplimiento del Calendario Electoral debe cerrase y publicarse el Registro Electoral definitivo y actualizado. Y aun esperamos la auditoría independiente dispuesta por la Asamblea Nacional.

¿Cómo se ajustó el reglamento interno de elecciones de las organizaciones políticas?

Los ajustes al reglamento interno de elecciones de las organizaciones políticas cuentan con varios hitos importantes. Entre ellos elaborar un reglamento interno de elecciones de la organización política y ponerlo en conocimiento del CNE hasta el 7 de agosto en razón de que el 9 de agosto empieza el proceso de democracia interna.

Las organizaciones pueden solicitar la asistencia técnica y deben tener supervisión del CNE mediante la presencia de un delegado observador.

En ell proceso electoral interno se puede hacer de modo presencial, con menos de 25 personas, que guarden distanciamiento y usen medidas de prevención sanitaria; o, por vía telemática y electrónica mediante plataformas.

 Lo importante es que el proceso transparente a las voluntades de los militantes y adherentes, se procesen adecuadamente las diferencias y, fundamentalmente, se logre una muestra de democracia –formación de mayorías y deliberación- hacia el conjunto de la población más allá de cualquier síntoma de dominio de oligarquías partidarias.

¿Tiene alguna observación sobre el cierre de inscripción de las organizaciones políticas en el Registro Permanente?

La Contraloría observó a los tres consejeros de mayoría sobre su decisión. En la que no tengo nada que ver. La decisión que fue objeto de la sobredeterminación pudo ser  inoportuna, extemporánea e inadecuada. Pero ese es su problema,  no del Pleno del CNE. Es un asunto administrativo sobre el que la Contraloría imputa responsabilidades, que no me refieren ni al ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del CNE.

Los partidos y movimientos tienen que desarrollar un sistema informático y vía telemática de elecciones internas. ¿Es factible que eso se lleve a la práctica, las organizaciones están en capacidad de cumplir con este reglamento?

Esas es una sugerencia inadecuada, el CNE debe facilitar su contingente técnico que, me imagino, estará adecuado para prestar su colaboración en un hecho menor. Y en todo caso existe una infinidad de plataformas  que pueden hacerlo bajo supervisión técnica nuestra. El  CNE  debe facilitar los procesos y no obstruirlos burocráticamente. Debemos contribuir al uso de herramientas para emitir voto secreto por vía telemática, que incluye al pronunciamiento de “viva voz”.

¿Qué pasa con la inclusión del 15% de mujeres que deben encabezar las listas, tomando en cuenta que hay 36 circunscripciones?

Esa era la idea: las mujeres que encabecen listas reciban ese mandato de la totalidad de la organización política  para evitar comportamientos machitas. Y que se manipule a un derecho solo por resguardar los intereses de una organización. No fue posible que conste en el reglamento por la férrea oposición de la mayoría del CNE.

Las alianzas también deben llevar a mujeres. ¿Esto se puede cumplir en la realidad?

Igualmente traté que cuando una mujer encabece una alianza, sea cuota no sea imputada a todas las organizaciones miembros de esa alianza. En consecuencia con similar comportamiento ideológico, la mayoría del CNS también se negó.  No creo que esto responda al criterio de las mujeres dirigentes y militantes de los partidos y movimientos.

¿Puede explicar cómo se incluirán a los hombres jóvenes en las listas?

Según el Código el Democracia, la participación política de los jóvenes no debe ser menor al 25%. Sin embargo, la mayoría del CNE evitó reglamentar esa participación observando los principios de paridad y secuencialidad para que la mitad de ese 25% está en la parte principal de las listas, mientras la otra mitad en la fracción de suplentes. Otra vez, así como en el caso de las mujeres, bastó con llenarse la boca en la nominalidad de la norma.    

Según algunas encuestas, el  80% de ciudadanos no confía en el CNE.

Los consejeros de mayoría han tomado decisiones contrarias al sentido común y a la democracia. Han abonado a la destrucción del sistema político ecuatoriano al mantener como baluarte la herencia autoritaria e híper-presidencialista de la década pasada y sus prácticas. Por ejemplo, en los plenos no se debate ni se delibera. Nos cierran los micrófonos cuando queremos hacer uso de la palabra. Utilizan los aparatos de comunicación y jurídico de la institución para la defensa exclusiva de la presidenta, como si fueran su propiedad privada. En el caso de comunicación, nuestros contenidos se censuran, no se publican. Tampoco hay procesos de contratación que garanticen la meritocracia y la transparencia.

La presidente del CNE, Diana Atamaint, nombró a un nuevo funcionario del exgobierno. ¿Qué piensa de esto?

Lamentablemente no existen criterios de meritocracia y transparencia para la contratación de funcionarios de jerarquía superior en el CNE. Al respecto, se debe apuntar que los coordinadores y directores son designados por la presidenta sin poner en conocimiento del pleno del Consejo. No hay reportes, ni transparencia alguna sobre los procesos de designación de personal. No se da cumplimiento a los compromisos de investigación de las irregularidades en los procesos.

En el caso del señor Martín Santiago Pineda Quimbuilco, al parecer, su mérito fue el ser candidato a concejal para el Distrito Sur de Quito en las elecciones de 2019. ¿Es eso mérito suficiente para ser nombrado Director Nacional de Procesos Electorales? El señor Pineda no tiene ninguna experiencia laboral en materia electoral. Tampoco tiene una formación específica en materia electoral, que compense su carencia de experiencia laboral. (I)