La Gobernación de Morona Santiago, en Macas, permaneció ayer sitiada por manifestantes armados con lanzas. El edificio no ha sido tomado, aclaró la institución, pero los funcionarios públicos trabajaron en el ECU-911 provincial.

Los manifestantes tienen una serie de demandas que van desde el archivo de las 16 enmiendas constitucionales que se tramitan en la Asamblea hasta la renuncia del gobernador Rodrigo López.

Además, los indígenas están en contra de la minería y la explotación petrolera. Pero al mismo tiempo piden la revocatoria de la suspensión de la licencia ambiental para la vía Macuma Taisha.

La Gobernación indicó en un comunicado que este tema tiene como origen la irresponsabilidad de la Prefectura, la cual, pese a las observaciones hechas por el Ministerio del Ambiente (MAE) durante más de 3 años no fue capaz de cumplir con las observaciones técnicas.  “Todos estamos de acuerdo con que se construya la vía, lo que esperamos es que el GAD provincial corrija los errores y emprenda un nuevo proceso”.

La Prefectura de Morona Santiago está presidida por Marcelino Chumpi de Pachakutik. De hecho, otra exigencia es que se archiven los casos judiciales en contra de él. Chumpi fue durante 3 años titular del Ecorae.

Frente a eso, López aseguró que las aspiraciones de las comunidades   “han sido lamentablemente aprovechadas por malos dirigentes que buscan réditos políticos para las futuras elecciones. Además, cumpliendo con la plataforma de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)”.

“Lamento que el prefecto Chumpi, pese a la gravedad de la situación, haya jugado un rol de indiferencia, dando la impresión de que es él quien está en esta medida de protesta donde se hace daño a la provincia y se genera una división entre ciudadanos hermanos”, insistió el Gobernador.

Situación en Loja

En Saraguro hubo calma, luego de los enfrentamientos entre indígenas y policías el pasado lunes. La jefa política del cantón, María Fárez; y el comisario Edwin Morocho fueron liberados la noche de esa jornada. Ambos fueron retenidos por los manifestantes. El cabo de Policía Jaime Revilla Tréllez escapó en la madrugada luego de sufrir golpes, denunciaron las autoridades.

La información fue proporcionada por la gobernadora de Loja, Johanna Ortiz, quien aseguró que en la liberación de las autoridades no hubo ningún tipo de negociación, pues el grupo de indígenas exigía la liberación de los detenidos la mañana del lunes.

La funcionaria contó que la jefa política y el comisario fueron liberados cerca de las 21:00 del lunes y se encuentran bien, en tanto que el uniformado que escapó presenta golpes en su cuerpo; además, le robaron el chaleco y el arma de dotación. El gendarme llegó a la Unidad de Policía Comunitaria donde fue auxiliado por sus compañeros.

“Nosotros estuvimos firmes hasta el final, no aceptamos ninguna negociación, ellos esperaban reunirse conmigo en el Comando de Policía y yo les dije que solo se dialogaría con ellos con la condición de que liberaran a las personas retenidas, pero ellos nunca llegaron”, aseguró la autoridad provincial.

Ortiz responsabilizó de estos hechos a dirigentes de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguro (FIIS) y de la Coordinadora del Pueblo Kichwa Saraguro (Corpukis) de alentar a los indígenas a estos actos. Las autoridades estaban retenidas en la sede de la FIIS y fueron llevados allá por mujeres cuando estos ofrecían una entrevista a una emisora radial de oposición.

Los funcionarios públicos estaban llamando a la calma y al diálogo, pero fueron sorprendidos y secuestrados.

La gobernadora Ortiz aclaró que la situación en Saraguro fue de normalidad ayer, ya que las vías estuvieron abiertas y no se registraron actos violentos.

En Tungurahua no hubo novedades

Pese a los rumores que empezaron a correr sobre un posible bloqueo de la vía Ambato-Pelileo, la carretera permaneció libre de protestas. El comentario fue emitido el lunes por varios líderes barriales de la parroquia Salasaca, perteneciente al cantón Pelileo, quienes en la tarde protagonizaron una marcha de respaldo al Movimiento Indígena Tungurahua (MIT) que participan en las protestas en Quito.

“Cortaremos el paso vehicular hasta que el Gobierno escuche las peticiones que la Conaie está haciendo en la capital. En mi comunidad solicitamos la ampliación de las redes de distribución de agua potable, pues el servicio se corta en las mañanas y tardes”, manifestó Marcelo Sinaguano, del barrio Chilcapamba.

Silvio Chico, del barrio central, advirtió sobre nuevas marchas para hoy. “Ojalá con el corte de la vía los comerciantes, productores de textiles, agricultores y ganaderos se unan a nuestros reclamos, por medio de los que pedimos, entre otras cosas, más frecuencia en los patrullajes policiales, pues los últimos meses ha habido robo de ganado”.

En la marcha participaron unas 300 personas de esta y otras comunidades indígenas de Tungurahua, entre ellas Calhua Grande, Pasa, San Fernando y Tondolique. La vía, por la que a diario transita un número aproximado de 3 mil automóviles, camiones y unidades de transporte desde la Sierra hasta destinos de la Amazonía -y viceversa- se mantuvo despejada.

“Tenemos miedo de que los salasacas vuelvan a bloquear la carretera. Esto representa una gran pérdida para los conductores que llevamos productos como leche, huevos y carne, pues se dañan. Las empresas turísticas que transportan personas de otras latitudes a Baños, Puyo, Arajuno y demás destinos turísticos de Pastaza también resultan perjudicadas económicamente, pues debido al bloqueo los visitantes abandonan el tour y no regresan”, se quejó Saúl Flores, conductor ambateño.

Mientras tanto, ayer se cumplió otra vigilia por la democracia en la Plaza Grande, de Quito. Grupos barriales, sociales y políticos, así como simpatizantes del oficialismo, se reunieron desde la tarde para apoyar al Gobierno. (I)

Datos

El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, indicó ayer que 75 personas fueron detenidas por las marchas en todo el país. De ese grupo, 32 se encuentran con prisión preventiva y a otras 16 se les dieron medidas preventivas. El resto fue liberado.

Entre los detenidos hay 2 adolescentes, quienes deberán cumplir 40 horas de servicios sociales. La mayor cantidad de detenidos se registró en la provincia de Pichincha.

Entre los delitos que habrían cometido los detenidos está la posesión de armas sin autorización y atentado contra la propiedad privada y pública.

Sobre la ciudadana francesa Manuela Picq, el fiscal dijo que su estatus migratorio no correspondía a su condición, pues tenía una visa de intercambio cultural, la cual impide trabajar y hacer activismo político.