“El informe de Freedom House es motivo de indignación ya que ni siquiera conocemos la metodología de trabajo de la investigación. ¿Cómo es posible que el informe tenga tanto peso en los medios de comunicación y organizaciones políticas para denostar la Ley Orgánica de Comunicación?

Lo que ha sido la ley es una herramienta para el ejercicio pleno de los derechos de las personas. Estamos hablando de todos los ecuatorianos, de los derechos que tienen los usuarios del servicio público de la comunicación, de grupos de atención prioritaria, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, con diversa orientación sexual, mujeres. Son personas que han visto una posibilidad de participación, una oportunidad para que los contenidos de los medios atiendan por fin sus derechos.

Si estamos hablando de libertad de expresión y de prensa, estamos hablando también de las garantías que tienen los propios comunicadores, fielmente expresadas en la Constitución, la Ley de Comunicación y los reglamentos. Allí se ratifica la prohibición de censura previa y se ofrecen todas las garantías a los comunicadores para que puedan hacer un buen trabajo.

La información de que no existe libertad de expresión está en las portadas de los medios de comunicación. Aquí debería, al menos, levantarse la sospecha de dónde salen estas investigaciones y quién las está financiando, a qué intereses responden, cuál es su metodología de trabajo, no hay nada transparente en esa investigación.

Creo que uno de los efectos que llama la atención es que los discursos coinciden plenamente con los de algunas organizaciones no gubernamentales como  Fundamedios o de ciertos actores políticos que van en ese sentido, de libertades amenazadas, de restricción de derechos.

Uno ahora puede someter todos estos asuntos a la mayor prueba, la de la realidad, y se da cuenta de que no tienen coherencia porque los titulares y las opiniones fluyen con absoluta amplitud. Lo único que se ha evidenciado es que ante algunos de los contenidos que no han atendido los derechos de las personas o han lesionado los derechos de colectivos o de personas de a pie por fin hay posibilidad de reclamar”. (O)