La construcción de una vía daña 473 hectáreas de bosque
Cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) protestaba en Quito, la semana pasada, al sur del país, en Macas los edificios de las instituciones públicas eran sitiados por indígenas shuar y achuar armados con lanzas.
La protesta en Morona Santiago era en realidad por la vía Tacuma - Taisha, que está en manos de la Prefectura. La construcción se paralizó porque el Ministerio de Ambiente (MAE) le revocó la licencia.
Aproximadamente 473 hectáreas de bosque protector han sufrido impacto por la construcción de la vía Macuma-Taisha. Esta fue una de las conclusiones a las que llegó la ministra de Ambiente, Lorena Tapia.
La funcionaria realizó el pasado viernes un sobrevuelo por la zona donde se ejecuta la obra. Según un informe técnico del MAE levantado el 2 de junio se evidenciaron “no conformidades” mayores a las condiciones de la licencia y su Plan de Manejo Ambiental.
Es por esta razón que la autoridad ambiental revocó la licencia respectiva. El hecho fue criticado por el prefecto, Marcelino Chumpi, que consideró la medida como una retaliación política.
Durante el paro que organizó la Conaie, la autoridad provincial aprovechó para demandar la devolución de la licencia para continuar con la obra. Hubo incidentes en Macas cuando grupos de personas, con lanzas en manos, agredieron a miembros de la Policía que custodiaban los edificios públicos.
Luego del sobrevuelo, la ministra informó en Macas sobre la magnitud de la afectación y recordó que la licencia ambiental de la vía Macuma-Taisha fue otorgada a la prefectura de Morona Santiago en el año 2001 pero fue revocada en junio de 2015.
El sobrevuelo, que realizó con el gobernador Rodrigo López fue, según el Ministerio, para verificar la existencia de deforestación en esta parte de la provincia y por ende el presunto incumplimiento de la licencia ambiental, originado a su vez por la no aplicación de buenas prácticas ambientales, lo que afecta al Bosque Protector Cutucú-Shaime.
Una licencia ambiental es un acto administrativo que genera obligaciones y derechos y que para la autoridad es obligación asegurarse de que se cumplan. “Las causas que generaron la revocatoria en junio de 2015 no obedecen a ningún tipo de represalia de carácter político o persecución como ha venido argumentando el prefecto Marcelino Chumpi”, sostuvo la ministra.
El 6 de diciembre de 2010 el Ministerio del Ambiente ordenó la suspensión temporal de la construcción de la vía, que nace de la troncal amazónica hasta llegar a la localidad de Taisha, atravesando el bosque protector Cutucú-Shaime. Pero la disposición fue ignorada por la prefectura de Morona Santiago.
Tapia señaló que “hay otro tipo de acciones de autoridades, que no es la autoridad ambiental, pero que sí están conociendo el caso, como es la Fiscalía, por presunto delito ambiental, por haber generado afectaciones a una zona como es un bosque protector”. Rechazó las declaraciones del Prefecto, quien la semana pasada manifestó que continuará construyendo la vía. “El prefecto Marcelino Chumpi ha hecho declaraciones manifiestas de incumplimiento expreso a la ley y a la normativa ambiental. Ha dicho el día lunes que continuará con la construcción de la vía con una licencia que ya no existe, además desinforma y dice que hay procesos o, como él argumenta, recursos legales todavía pendientes; no existe ningún recurso legal pendiente respecto a la revocatoria de la licencia”.
Y agregó que al haberse revocado la licencia cualquier continuación de construcción es ilegal porque no cuenta con el permiso.
El Prefecto, en declaraciones a medios locales de esa provincia, afirmó que “con documentos en mano, demostramos que la revocatoria de la licencia ambiental no tiene razón técnica, ni jurídica”.
Incluso señaló que la Prefectura ha efectuado pruebas acreditadas de agua, suelo y aire, demostrando no contaminación, mientras que hay dos informes visuales del MAE elaborados en un solo día, “con errores, sin sustento cartográfico, fotográfico, prueba de suelo y agua”.
El procurador síndico de la Prefectura, Rigoberto Delgado, informó que la prensa, organizaciones y la propia institución convocaron al Ministerio de Ambiente a debates públicos sobre la vía a Taisha con documentos y leyes en mano.
“No hubo respuestas positivas, solo acusaciones injustas y por eso la Prefectura no tiene garantías jurídicas para aceptar un nuevo proceso de licencia”, aseguró; de allí que enfatizó que “no hemos contaminado, no podemos aceptar el derogamiento de la licencia ambiental”.
Sobre el problema también se pronunció el alcalde del cantón Taisha, Sergio Ayuy, quien en tono conciliador ha celebrado que el MAE haya dado luz verde para que la Prefectura tramite una nueva licencia ambiental.
“No podemos vivir tantos años sin esa vía, como alcalde tenía que buscar alternativas porque la gente de Taisha no sabía quién era el responsable; estamos esperando que el Consejo Provincial haga el trámite respectivo para que se le dé la licencia ambiental y que la vía sea terminada lo más pronto posible”, dijo.
La vía empezó a construirse con una licencia emitida en 2001, por eso admite que el MAE tiene sus obligaciones que ha cumplido. Pero aseguró que en el sitio donde la Prefectura estaba construyendo “no había mucha contaminación, porque se ha hecho por el mismo sitio donde pasa la red eléctrica”.
Pero recalcó que se debe realizar el nuevo trámite. “Tampoco la Prefectura puede pasar por encima de la ley, no podemos incumplir con la ley porque seríamos responsables, por ende, como alcaldes debemos decirle al prefecto que debe cumplir con la ley y cumplir los procesos de trámite para no afectar a la provincia”.
Sobre la localidad de Taisha, indicó que son casi 60 años de existencia, pero no tiene una vía, pese a ser cantón. (I)
Datos
El informe del MAE de junio de 2015 señala que la Prefectura no cuenta con un plan de mitigación y prevención de impactos negativos a la flora y fauna.
Tampoco determinó técnicas de bajo impacto para remover la vegetación y precautelar sitios de desove y anidación de fauna silvestre.
Tampoco acogió la suspensión de la construcción del proyecto vial, como lo dispuso el MAE, el 6 de diciembre de 2010.
No entregó 25 cronogramas y 7 auditorías ambientales de cumplimiento que permitan evaluar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y el adecuado manejo ambiental del proyecto, durante el periodo 2001-2014.
Tampoco realizó las indemnizaciones de predios y cultivos, ni desarrolló medidas de protección de la flora y fauna.
La ministra de Ambiente, Lorena Tapia, ha dicho que el Gobierno Nacional apoya la construcción de la vía, pero es deber de los habitantes de la zona exigir a la Prefectura que avance en el nuevo licenciamiento.