La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) busca una posición regional sobre la lucha contra las drogas para una reunión convocada sobre el tema por Naciones Unidas para 2016.  

“Queremos tener una posición regional que refleje los intereses individuales de cada país, que respete las tradiciones culturales de nuestros pueblos, y que tenga en cuenta los aspectos de salud, prevención, seguridad y respeto a los derechos humanos”, apuntó el vicecanciller ecuatoriano, Leonardo Arízaga.

El funcionario hizo esta afirmación en la apertura del encuentro de dos días en la sede de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), en la Mitad del Mundo.

Un giro en la lucha contra las drogas es un pedido de la región que ya lleva años.

Por ejemplo, en 2013, durante una cita de la Organización de Estados Americanos, Guatemala propuso cambiar el enfoque militarista promovido por Estados Unidos.

Arízaga exhortó a los 33 miembros del bloque a trabajar en el concepto de la responsabilidad compartida, para que la búsqueda de una solución al problema no recaiga solamente en los productores de los estupefacientes. Colombia, Perú y Bolivia son los mayores productores de coca y Estados Unidos es el principal consumidor.

“Sabemos dónde está el consumo y de dónde viene la demanda”, sentenció el funcionario, en alusión al país norteamericano y también a Europa, considerados ambos los principales destinos de los estupefacientes que se producen en América Latina.

En términos similares se expresó el secretario general de la Unasur, el colombiano Ernesto Samper, quien luego de dar la bienvenida a los participantes, remarcó que Latinoamérica tiene autoridad moral y política para exigir un enfoque alternativo a la lucha contra ese flagelo.

“Nuestra región ha sido la más afectada por ese problema, y hemos sido azotados por el narcotráfico y por una política antidroga centrada en acabar con la producción y la distribución, sin tener en cuenta el consumo”, afirmó el expresidente colombiano (1994-1998).

En ese sentido resaltó los ensayos que se realizan en Uruguay, con la legalización de la marihuana, y el consumo cultural de la hoja de coca, una práctica ancestral en Bolivia.

Hasta ahora la norma ha sido ser duro con los débiles, aseguró Samper, quien criticó la falta de acciones más directas y efectivas contra el crimen organizado, y recordó que muchos países no han aprobado aún leyes contra el lavado de activos.

Fue la Celac la que solicitó a la Asamblea General de Naciones Unidas celebrar una sesión especial sobre el tema, que se llama Ungass 2016 (siglas en inglés de la reunión de abril del año próximo en Nueva York).   

El ministro ecuatoriano del Interior, José Serrano, también coincidió en señalar que los métodos utilizados hasta el momento para acabar con el cultivo y el tráfico de drogas solo contribuyeron a poner en riesgo la soberanía de las naciones de la región. “Los países latinoamericanos y caribeños no deben estar en función de proteger a un solo Estado”, expresó. (I).