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El proyecto sobre recursos hídricos moviliza a los grupos indígenas de oposición

La caminata de la Conaie llegará a Quito la primera semana de julio

Organizaciones sociales e indígenas del país tienen previsto salir hoy desde El Guismi, cantón El Pangui. Foto: Marco Salgado / El Telégrafo
Organizaciones sociales e indígenas del país tienen previsto salir hoy desde El Guismi, cantón El Pangui. Foto: Marco Salgado / El Telégrafo
21 de junio de 2014 - 00:00 - Redacción Política

Varias organizaciones sociales e indígenas del país inician hoy una movilización denominada ‘Por el agua, la vida y la libertad de los pueblos’. La caminata parte desde el cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe y coincide con el Inti Raymi (Fiesta del Sol).

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Kichwa del Ecuador (Ecuarunari) y el brazo político de ambas, Pachakutik (PK), convocaron a la protesta el pasado 13 de junio en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito. Está previsto que un ritual indígena, en la parroquia El Guismi, inaugure la movilización. Los organizadores aspiran a que en la caminata se unan otras concentraciones provenientes del norte del país.

Sus dirigentes enarbolan 10 motivos para la manifestación, pero la principal cuestión es la próxima  aprobación del proyecto de Ley de Recursos Hídricos (Aguas). Según ellos, la norma no incluye 5 ejes que consideran básicos y propusieron en la consulta prelegislativa.

A Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, le preocupa que la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, que tramita la ley, entregue su informe final sin los 5 planteamientos. Actualmente la norma ya pasó el segundo debate y solo espera su votación.

Jorge Herrera, presidente de la Conaie, estima que la marcha llegue a Quito cuando el proyecto de Ley de Recursos Hídricos sea sometido a votación por el pleno de la Asamblea, es decir, la primera semana de julio.
Los disensos entre la Conaie y los asambleístas son por la conformación de la autoridad única del agua, la desprivatización del líquido vital, la conformación de un Consejo Plurinacional, el Fondo Nacional y las funciones de juntas de agua y de riego.

Los indígenas aseguran que, en la actualidad, el 64% del caudal del agua es usufructuado por el 1% de propietarios privados, mientras que el 80% de unidades productivas campesinas e indígenas apenas acceden al 12% del agua.

Es con estos datos que las organizaciones piden que se desprivatice este recurso y que la autoridad única del agua provenga de consejos plurinacionales y no del Gobierno, como propone el proyecto oficial. La Constitución vigente prohíbe cualquier forma de privatización del agua.

Los organizadores exigen la derogación del Decreto Ejecutivo 310. Esa disposición dividió en 2 a la Secretaría Nacional del Agua (Senagua). Para la asambleísta Lourdes Tibán, el decreto creó la autoridad única del agua en manos del Gobierno.

Redacción de texto en Asamblea

Los parlamentarios, especialmente de la bancada de PAIS, defienden que el Estado tenga la rectoría del agua. Ellos se basan en la Constitución, la cual estipula que los recursos estratégicos deben ser manejados por el Estado.

El vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Mauricio Proaño, insiste en que más del 95% de las exigencias de los indígenas, expresadas en la consulta prelegislativa, ya se encuentran en el proyecto. “Las organizaciones tienen su derecho a movilizarse, pero la Asamblea también tiene sus obligaciones”, aseveró.

Otros motivos

Pero la movilización de El Pangui también tiene otras razones. Una de ellos es lo que definen como ‘políticas extractivistas’, en referencia a la explotación minera y petrolera.

Quieren que los recursos naturales queden bajo tierra. Su preocupación básica es la extracción de crudo en el ITT. Esta semana, los legisladores de la Comisión de Biodiversidad estuvieron en la Amazonía, vigilando que se cumplan las condiciones impuestas para la extracción de petróleo.

Otra de las causas de la marcha es por la liberación de dirigentes que -según ellos- fueron ‘criminalizados’, como el activista Xavier Ramírez, el exasambleísta Cléver Jiménez, Carlos Figueroa y Fernando Villavicencio.

Los tres últimos son prófugos de la justicia ecuatoriana, ya que fueron hallados culpables de injurias al presidente Rafael Correa luego de acusarlo de crímenes de lesa humanidad.

También piden por la permanencia y fortalecimiento de instituciones como el Seguro Social Campesino, el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, la medicina ancestral, entre otras. Esas entidades funcionan normalmente.

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