La bancada legislativa del movimiento Alianza PAIS inició ayer la revisión de todos los artículos del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP), para determinar los nudos críticos que serían sometidos a reconsideración del Pleno.

Para ello se organizaron cuatro grupos de trabajo que discutieron por separado los libros I, II, III y las disposiciones reformatorias y derogatorias de la normativa.

El encuentro continuará hoy en el salón 1 de la Asamblea Nacional, en donde se prevé realizar una sesión plenaria a las 16:00 con la presencia de los ministros de Estado que tienen relación con la temática: Salud, Justicia y Ambiente.

“El Código Orgánico Integral Penal  entrará en vigencia noventa días después de su publicación en el Registro Oficial”
Gabriela Rivadeneira
Presidenta de la Asamblea Nacional

“Aspiramos a tener listo el texto el 21 de noviembre, y el 28 convocar a la sesión para  la reconsideración del documento”
Fausto Cayambe
Coordinador de la bancada de PAIS

“Desde el Ministerio de Salud se está trabajando en una mesa técnica para tener un texto que refleje el criterio de las partes”
Betty Tola
Secretaria de Gestión PolíticaLa intención de los asambleístas oficialistas es tener un documento listo para su aprobación antes del 28 de noviembre. “Posiblemente la próxima semana habrá otro taller para tener listo el informe el 21 de noviembre, y para el 28 convocar a la sesión para realizar la reconsideración del texto”, afirmó uno de los coordinadores del bloque, Fausto Cayambe.

Entre los temas discutidos, además del homicidio por mala práctica profesional, están los delitos ambientales, infracciones de tránsito, terrorismo, peculado, enriquecimiento ilícito y concretar algunas definiciones y la dosimetría de las penas.

El ponente del proyecto, Mauro Andino, aspira a que hasta hoy se puedan “depurar algunos textos que a lo mejor no están claros y precisos y culminar con este trabajo en el menor tiempo posible”. Él está  dispuesto a acoger las propuestas que se presenten.

El objetivo primordial es coordinar con el Ejecutivo para determinar los acuerdos a que hayan llegado la Secretaría de Gestión Política y el Ministerio de Salud, con los gremios de doctores. La meta también es hallar  un equilibrio entre los planteamientos de los familiares de víctimas de mala práctica médica, con las demandas de los galenos.

La secretaria de Gestión Política, Betty Tola, explicó que “desde el Ministerio de Salud se está trabajando en una mesa más técnica, que recoge criterios para tener un texto que refleje las preocupaciones de los médicos y familiares de los afectados por mala práctica profesional”.

El COIP actualiza una legislación vigente desde hace 70 años,  por lo que, advirtió Tola, es un tema que debe ser analizado con profundidad.

La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, aclaró que los debates continuarán, en caso de ser necesario, incluso, la próxima semana. Aunque insistió en que si se tienen los textos antes del 28 de noviembre, se procederá a su votación. “Aspiramos a que desde esa fecha  podamos entregar el proyecto, y puedan pasar los 30 días  que le corresponden al Ejecutivo para su revisión, para una objeción parcial o total, en calidad de colegislador”, aseveró.  

La revisión artículo por artículo del proyecto “tiene que ser complementaria con un trabajo interinstitucional con otras funciones del Estado para elaborar el COIP, que entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el Registro Oficial”, manifestó Rivadeneira.

Ángel Alarcón, presidente del Tribunal de Honor de Médicos de Pichincha, está de acuerdo con que se penalice la práctica ilegal de la medicina, la impericia temeraria y la negligencia grave, pero que sea calificada por un “tribunal de arbitraje” conformado por especialistas en la materia juzgada.

“Si se demuestra que efectivamente hubo impericia, imprudencia o negligencia, tiene que ser sancionado, pero de acuerdo al Código Civil y lo que amerite, al Código Penal, porque no queremos que quede en la impunidad”, manifestó.

Según sus registros, desde hace 13 años, existen 66 denuncias a médicos, de los cuales 4 fueron sancionados administrativamente luego de haberse comprobado su culpa.