Los diálogos ciudadanos han permitido identificar ciertos errores en la comunicación que han generado incomodidad entre los ciudadanos. Uno de ellos lo detectó Ricardo Patiño, quien ha pedido licencia para participar en estos encuentros.  

Patiño afirmó que es “una preocupación generalizada” el mal uso o aplicación de la ley en torno a la posesión de drogas. “Se ha empezado a mal utilizar o mal interpretar lo que dice la ley en nuestro país que contempla que no hay cárcel o criminalización para aquel adulto que consuma droga”, dijo. Por eso aclaró que toda persona que esté consumiendo drogas debe ser detenida porque quien determina si es un consumidor o no es el juez.     

El diplomático recalcó que en las unidades educativas no les pueden indicar a los padres de familia que no se puede hacer nada cuando el menor de edad es encontrado con drogas aunque sea en menores cantidades. “Un rector no les puede decir que si un chico tiene 5 gramos de marihuana no pueden hacer nada porque está dentro de la cantidad permitida para su consumo”, porque no es cierto, enfatizó.

María Alejandra Vicuña, asambleísta de la Comisión de Salud, explicó que en 2013 se expidió la tabla de cantidades máximas para el consumo que tiene como objetivo evitar la criminalización de los consumidores (ver infografía).

La tabla que está a cargo del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep) es para administrar justicia y evitar la discrecionalidad en el momento de determinar si hay o no un delito. Pero esto no se aplica bajo ningún concepto a los menores de edad, quienes deben ser detenidos para incluir a los padres en el proceso.

La tabla vigente no permite el consumo sino que evita la discrecionalidad en el momento en el que el juez emita una sanción al consumidor o vendedor, aclaró Vicuña.  

Por su parte el ministro de Educación, Augusto Espinosa, en un diálogo con medios informó que ya se están  reuniendo las autoridades para revisar la tabla.   

Vicuña recalcó que este tema se dio porque en 2008 Ecuador ocupaba el segundo lugar en la región en sobrepoblación carcelaria. “De hecho el 45% estaba vinculado con el fenómeno social de las drogas. Se dieron casos de personas que eran encontradas con 10 gramos de marihuana para consumo personal y fueron condenadas a 10 y 16 años de cárcel, al igual que a quien encontraban con 2 kilos de cocaína”. El objetivo de la ley era no castigar al consumidor sino a quien expendiera la droga.

La asambleísta resaltó que con el nuevo proyecto de ley que se discute en la Asamblea se busca fortalecer la prevención integral. En este punto, según la legisladora, no ha habido una correcta articulación y por ello cada cartera de Estado hace lo que puede. Para evitarlo se plantea un comité interinstitucional que dicte la política integral en materia de drogas y una secretaría técnica que la ejecute. “Los policías tienen la obligación de detener a una persona o a un grupo que esté consumiendo drogas porque no pueden determinar si están incurriendo en un tipo de delito específico, ellos no andan con una balanza para determinar la cantidad. Esto le corresponde al juez”, resaltó.

Pero hay un componente político. Para Diego Vintimilla, legislador por Azuay, la situación se está manipulando. Él insiste en que la ley está diseñada para que se castigue con una pena más severa a quien vende drogas a menores de edad, por ello rechaza las aseveraciones de que se fomenta el consumo.

Las excusas que se presentan en los colegios desesperan a las familias. Margarita Mendoza, coordinadora de las familias que habitan en Socio Vivienda 1, resaltó que la situación en esa parte de Guayaquil es preocupante porque es común el consumo de droga en los centros educativos.

Al igual que Mendoza, otros padres de familia que prefieren mantener sus nombres en reserva reclamaron que aunque tienen planteles cercanos no se atreven a inscribir a sus hijos allí para evitar que sean inducidos al consumo. Los padres de familia no se quejan de la educación sino de la falta de control y el consumo de drogas.

El procedimiento en colegios

Una profesora de un colegio fiscal que no quiso dar su nombre aseguró que son ellos los que se cuidan de los estudiantes.

Ella indica que, basados en la defensa de los derechos de los estudiantes, los maestros no pueden revisar las maletas, como ocurría antes, y por ello en muchos casos no se puede detectar la droga.

Las inspecciones en los colegios se hacen con la intervención de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) en compañía de un fiscal, quien da la orden para el procedimiento.

Cuando algún alumno es sorprendido el profesor elabora un informe. Espinosa recalcó que si se detecta el consumo dentro del plantel educativo primero actúa el departamento de consejería estudiantil. De allí se remite el caso al Ministerio de Salud para determinar si fue eventual o si hay una adicción y en función de ello se establece el tratamiento. Si es un consumidor habitual, Salud asume el proceso de rehabilitarlo a través de un proceso médico y sicológico.

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Este es un problema de fondo, según los profesores, quienes prefieren mantener en reserva sus nombres. El tratamiento a los alumnos no les ayuda de mucho porque en ocasiones son jóvenes con problemas de adicciones permanentes.

Los habitantes de Socio Vivienda palpan esta problemática, por ello acudieron al diálogo ciudadano que se realizó el pasado jueves en Guayaquil con la esperanza de contar con mayor seguridad y frenar el consumo de drogas.

El rector del colegio Amarilis Fuentes, Agustín Lindao, resaltó que hay una campaña para el control de uso de alcohol, cigarrillo y drogas en los adolescentes. Dentro de este plan existe una sicóloga por cada 450 estudiantes para manejar los protocolos internos que se dividen en expendedores y consumidores. En el primer caso los primeros en tratarlos son los tutores, sigue el sicólogo y luego se llama a la Dinapen para que en conjunto con los padres de familia trabajen.

Pero para contrarrestar el problema, la Red de Maestros, en donde Lindao es coordinador, pide que las entidades profundicen en programas extracurriculares y den charlas a los alumnos con ejemplos de otros jóvenes que han estado inmersos en las drogas.

En el caso del Amarilis Fuentes se han incorporado 10 cámaras para controlar, entre otros temas, el consumo.

Esto se implementó con los fondos que obtuvieron del reciclaje y a través de los padres de familia. (I)

DATOS

El Ministerio del Interior preside la campaña ‘A la drogas le digo no’. En estos espacios se realizan actividades con los menores de edad de las unidades educativas del país.

En el primer semestre en el distrito Manta, que corresponde a Jaramijó, Montecristi y Manta, se efectuaron  38 operativos, en los cuales se recuperó a 63 menores de edad que estaban en situación de riesgo por diferentes causas.

En el mismo distrito también se ha capacitado a 6.395 personas, entre padres de familia y niños, niñas y adolescentes.

Los representantes de la Red de Maestros que participaron en el diálogo en Guayaquil la semana pasada plantearon que se anule la tabla que evita la criminalización del consumo. Ellos creen que al ser permitida cierta cantidad es más fácil el acceso. (I)