Desde hace un mes Ricardo Nicolalde asumió la Secretaría Nacional de Asentamientos irregulares.
¿Cuál es su objetivo principal en esta entidad?
Tenemos varios objetivos, el primero es la prevención de los asentamientos humanos irregulares, para que no se propaguen; en segundo lugar estamos combatiendo el tráfico de tierras, coordinando con otras instituciones, como la Fiscalía y la Policía Judicial, así como con los gobiernos autónomos descentralizados.
A esto se suman los asentamientos consolidados y que constan dentro de un plan de legalización; a este grupo también le damos asistencia técnica para la georreferenciación con la finalidad de que estos gobiernos puedan realizar la regularización.
En el país los asentamientos irregulares se convirtieron en problemas críticos. ¿Tiene la cifra de cuántos existen hasta ahora?
Más allá de un número, tenemos más de 450 alertas en el país. Después el procedimiento es acudir a verificar y proceder a los desalojos con apoyo de la Intendencia de Policía, en caso de que amerite.
¿Estas alertas son de asentamientos nuevos?
En algunos casos esos asentamientos tienen ya un par de años y nosotros venimos haciendo el trámite jurídico para poderlos desalojar. Porque si ya constan en un plan municipal de urbanización lo que damos es una asistencia para cumplir el trámite.
Guayaquil era una de las ciudades con mayor cantidad de crecimiento irregular, ¿es esta ciudad en donde hay más alertas?
En Guayaquil, en estas últimas fechas la problemática se encuentra en Monte Sinaí y también en ciertas comunas que quedan en Chongón, como por ejemplo Casa Vieja. En Posorja también existen, así como en Tenguel.
¿Cuál es la provincia del país que registra más problemas?
A nivel de provincias, indudablemente Guayas porque tenemos cantones como Playas, Durán y Guayaquil, en donde es mayor el número de habitantes que se asientan en terrenos irregulares. Esto la convierte en la provincia que registra más problemas de esta naturaleza. Es por esta razón que la sede principal de la Secretaría está en esta parte del país.
Mencionó que uno de los objetivos es combatir el tráfico de tierras. ¿Tienen algún proceso iniciado que ya está judicializado?
Claro, desde la creación de esta Secretaría se han ventilado varios casos de traficantes de tierra, que se han tratado en la Fiscalía y con las autoridades pertinentes.
Más allá de eso, en Playas montamos operativos de control y encontramos en delito flagrante a 3 personas y las pudimos atrapar. Creo que hemos podido frenar el tráfico de tierras.
¿Cuál es la apertura por parte de los municipios?
Coordinamos la planificación urbana y en muchas ocasiones las alertas provienen hasta de los propios municipios y cuando ya tenemos la seguridad se hace el trámite. (I)