La Fiscalía General del Estado dispuso la tarde del jueves 11 de julio de 2019, el inicio de una investigación previa contra los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Tuárez, Walter Gómez, Victoria Desintonio y Rosa Chalá.

La resolución fue adoptada luego de analizar las denuncias penales que presentaron Unidad Popular, el Colegio de Abogados de Pichincha y los asambleístas Jeannine Cruz, de CREO y Raúl Tello, del Bloque de Acción Democrática Independiente, contra los cuatro consejeros.

Ellos son acusados de incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional (CC), al pretender revisar lo actuado con el CPCCS Transitorio.

En el impulso fiscal hecho público este día, se dispone que los denunciantes acudan a la Fiscalía el martes 26 de julio de 2019 para que reconozcan la firma de sus denuncias, con lo que oficialmente inicia la indagación.

De su lado, la jueza Irene Pérez, de la Unidad lo Penal de Pichincha aceptó el pedido de medidas cautelares presentado por el asambleísta independiente Fabricio Villamar, en contra de la conformación de la Comisión Especializada para revisar la designación de los jueces de la CC, conformada por el CPCCS.

La decisión se publicó la tarde de este jueves. En la sentencia se resuelve aceptar la acción por lo que se dispone que el Consejo de Participación, en la persona de su Presidente señor José Carlos Tuárez Zambrano, se abstenga de conformar la Comisión Especializada. 

La denuncia es por la supuesta violación al artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que se refiere a "la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales".

Tello dijo que con la decisión que tomaron los consejeros el miércoles adecuaron su "inconducta" a lo que determina el artículo 282 del COIP. "En ese sentido, la responsabilidad penal en los cuatro consejeros está claramente establecida en esa disposición de carácter legal". 

"Consideramos y pedimos que la Fiscalía actúe de inmediato, porque además podría actuar de oficio y, como es un hecho consumado, notorio y público, podría pasar de manera directa a instrucción fiscal", añadió el legislador. 

En el documento entregado en la Fiscalía, los denunciantes señalan que hay suficientes indicios de responsabilidad respecto a las acciones y omisiones en las que incurrieron estos cuatro consejeros y solicitan la apertura de la investigación previa. También que se señale día y hora para que estos rindan versión. (I)