Un total de 104 posibles reformas al Código de la Democracia se discuten en un taller organizado por la Función Electoral para presentarlas en un proyecto ante la Asamblea Nacional. Estos cambios deberían ser publicados en el Registro Oficial antes de febrero de 2016 ya que existe un candado constitucional que determina que cualquier reforma en temas electorales debe hacerse un año antes de elecciones. Los próximos comicios son las presidenciales y legislativas de 2017.

Entre los principales cambios que se plantean están los relacionados a fortalecer el voto electrónico, la obligatoriedad que tendrían los funcionarios públicos de renunciar a sus cargos para candidatizarse a uno nuevo, las formas de tratar a movimientos y partidos políticos; límites de la democracia directa, entre otros.

Uno de estos posibles cambios de los 393 artículos de la normativa actual es que las autoridades que optan por la reelección “tendrán” que usar una licencia obligatoria para la campaña electoral. La reforma realizada en 2012 en el artículo 93 se incluyó la palabra “podrán”, es decir quedó a discreción de los funcionarios elegir o no esta opción. Por eso en los pasados comicios seccionales algunos burgomaestres se mantuvieron en funciones, mientras hacían campaña electoral.            

El objetivo del Consejo Nacional Electoral (CNE) es eliminar las ambigüedades que atraviesan los organismos al controlar las etapas pre-electoral, el día de elecciones y las jornadas posteriores. El titular del organismo, Juan Pablo Pozo, anunció 74 posibles cambios en las competencias administrativas.

El funcionario explicó que 39 cambios estarían en el Título Primero de la Función Electoral; 1 sobre democracia directa; 6 en el gasto electoral; 6 en justicia electoral y 22 en organizaciones políticas.

En el caso de la licencia, para el titular del CNE, en el periodo proselitista de 45 días, debería ser de carácter obligatoria. Explicó que esto serviría para no confundir lo que significa el ejercicio de las funciones de la autoridad y como candidato.    

Otro de los posibles cambios es desarrollar normativas que permitan dar pasos a la automatización, más allá del artículo 113 que se refiere a la votación electrónica. Esto permitirá garantizar un modelo de sistema electoral ecuatoriano con el voto secreto y escrutinio público.

En las elecciones pasadas 2 provincias tuvieron voto electrónico: Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas. Ese proceso justamente fue liderado por Pozo en su calidad de vocal del CNE.

Este taller ocurre dentro del convenio interinstitucional que firmaron las 2 entidades de esta función: el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Se conformaron 5 mesas con las temáticas: función electoral; organización del proceso electoral; financiamiento y control del gasto  y organizaciones políticas y justicia.

La consejera Ana Marcela Paredes explicó que se trata de un método para tener una ruta sobre la cual van a incorporar la propuesta.

El pleno del CNE tendrá que decidir el número final de las posibles reformas que serán entregadas al Legislativo. Esto será en marzo y de allí iniciará otro trámite en la Asamblea.

Durante abril, mayo y junio se realizarán los diálogos ciudadanos con diferentes actores para pulir un documento final.

Los insumos que ayer se usaron fueron recogidos desde el Instituto de la Democracia, de delegaciones electorales provinciales y de las 6 coordinaciones zonales del CNE.

Reformas en lo jurisdiccional

Desde el punto de vista jurisdiccional, el presidente del TCE, Patricio Baca Mancheno, señaló aproximadamente 30 cambios. Uno de ellos es ampliar el ámbito de acción de trabajo de este organismo. La finalidad sería abarcar todos los procesos electorales que se ejecuten en organizaciones gremiales, colegios profesionales, universidades u otra organización civil.

Actualmente se conoce únicamente los problemas que se presenten de las acciones de organismos desconcentrados del CNE o de las organizaciones políticas.

Con esta facultad de intervenir, dijo Baca, tendrán mayores competencias y se podrá garantizar, a través de una resolución, una ‘absoluta’ transparencia de todos los organismos que lideren procesos electorales. La discusión se centra en cuándo intervenir: si por pedido de los intervinientes o que sea obligatoria la participación del tribunal.

También se contemplaría darle al TCE la capacidad de verificar el procedimiento de remoción de una autoridad elegida en un proceso electoral.      

Estas reformas en el ámbito jurisdiccional también se orientan a lograr coherencia en plazos y control en difusión durante el silencio electoral.     

Baca calificó el taller  como “histórico” y servirá para intercambiar opiniones y experiencias sobre las posibles reformas. “Lo importante es buscar una alternativa viable y válida para mejorar el sistema democrático ecuatoriano”, insistió el funcionario. El taller sobre estas reformas se realizará hasta hoy.

Democracia Comunitaria

Uno de los pedidos de los pueblos y nacionalidades indígenas, montubios y de afroecuatorianos es que el Código de la Democracia también tenga un enfoque intercultural y plurinacional.

En ese sentido Pozo se reunió con representantes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) para iniciar un diálogo sobre sus necesidades sobre proceso democráticos.

Ningún artículo del Código de la Democracia habla sobre este aspecto. Las 2 únicas Constituciones en el mundo que hablan de la democracia comunitaria son las de Bolivia y Ecuador.

La consejera Paredes dijo que desde una realidad local se establezca el mecanismo más idóneo para incluir esta democracia. La idea es que se reconozcan las iniciativas desde las comunidades, donde hay experiencias democráticas, pero que no se las replica a escala nacional.

Baca dijo que estas propuestas deberán ser analizadas por la Asamblea Nacional para tomar la decisión de incluirlas o no en las reformas. El Ejecutivo como colegislador también tomará una decisión en estos cambios al Código.