La Procuraduría General del Estado (PGE) realiza los trámites legales en Londres y Bahamas para ejecutar el cobro a los hermanos Ortega Trujillo, por los millonarios créditos de liquidez y subordinados a los que tuvo acceso Banco Continental (parte del Grupo Conticorp) entre 1995 y 1996, por parte del Banco Central del Ecuador (BCE), con el aval de la Junta Monetaria (JM).    

La PGE busca en las Cortes de Bahamas obtener la liquidación y empezar la acción de cobro luego de que el 23 de marzo de este año el Consejo Privado de Justicia de la Corte de la Reina (Londres) emitió un fallo de última instancia en favor del Estado ecuatoriano.

En ese fallo, la Corte de la Reina develó las estrategias financieras usadas por los hermanos Luis, Leonidas y Jaime Ortega Trujillo para perjudicar al Estado ecuatoriano. Por ello, los condenó a pagar $ 191,9 millones por indemnización, intereses y costas judiciales.

Como beneficiaria del fallo consta la compañía Interamerican Asset Management Fund Limited (IAMF), domiciliada en Bahamas y cuyo dueño es el Banco Continental  Curazao. Esa empresa, a su vez, pertenece al Banco del Pacífico de Ecuador con capital de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

La Corte de la Reina determinó  3 operaciones en perjuicio del Estado ecuatoriano: las transacciones de los recibos de depósitos global (GDR, por sus siglas en inglés) mediante las cuales IAMF transfirió a Conticorp una cartera de créditos e intereses en varias empresas que tenían un valor nominal de $ 190 millones, a cambio de GDR y las acciones de Conticorp, que en última instancia no tenían valor.

La sentencia se dio 19 años después de que la JM aprobó un millonario préstamo subordinado al Continental  por S/. 485.400 millones.

¿Por qué ante Corte de la Reina?

Las Bahamas son parte de la Mancomunidad Británica de Naciones que utiliza el sistema de gobierno ‘Westminster’. La sede de IAMF está en Bahamas y por eso los juicios de primera y segunda instancia se ventilaron en esa jurisdicción.

Sin embargo, como Ecuador apeló la sentencia porque favorecía a los hermanos Ortega, el caso pasó a la última instancia: la Corte de la Reina, la que le dio la razón al país.

El procurador ecuatoriano, Diego García, indicó que con el resultado de ese fallo se evidenció el esfuerzo realizado por el Estado para la recuperación de los recursos públicos. “El Estado obtuvo una histórica sentencia a su favor, que obliga a ese grupo de exbanqueros, iniciadores y copartícipes de la crisis bancaria de 1999, a restituir al BCE más de $ 190 millones”, indicó por su parte el BCE tras conocer el fallo.

El citado fallo de la Corte de la Reina fue producto de la apelación realizada por el BCE el 8 de julio de 2010, respecto de la sentencia emitida por la Corte Suprema de Bahamas en beneficio de los Ortega y Conticorp. Estipulaba que, supuestamente, por no existir mala fe de los accionistas y administradores de dicho grupo financiero, no correspondía que restituyan los valores  de los créditos otorgados por el BCE. Sin embargo, esa sentencia fue revertida por la Corte de la Reina y ahora Ecuador ha iniciado las acciones en las jurisdicciones en donde Conticorp o los Ortega Trujillo mantengan bienes que puedan cubrir el valor de la deuda.

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Las acciones judiciales

Una vez que la Superintendencia de Bancos encontró irregularidades en el manejo de los balances y en el aumento de capital del Continental, el BCE inició dos juicios: uno en el Juzgado Sexto de lo Penal de Guayaquil por supuesta piramidación y otro en Bahamas contra Conticorp.

Para el exgerente del BCE, Augusto de la Torre, este último fue un triunfo alcanzado por varios esfuerzos, incluidas las estadías de semanas enteras en las islas del caribe para declarar ante un juez. Y por otro lado el caso en Ecuador se “politizó porque terminó dirigiéndose contra las autoridades, incluso el juez de la entonces Corte Suprema de Justicia  emitió orden de prisión contra las autoridades, incluyéndome”, indicó en marzo pasado en una entrevista con EL TELÉGRAFO.

Entre las personas investigadas y con orden de prisión -dictada por el presidente de la ex-Corte Suprema, Carlos Solórzano- constaban los hermanos Ortega y 14 funcionarios públicos, entre ellos quienes aprobaron el millonario crédito subordinado al Continental.

En ese entonces, De la Torre y la presidenta de la JM, Ana Lucía Armijos, se dijeron sorprendidos por la decisión de Solórzano. En cambio, Leonidas Ortega aseguró ante la prensa que no saldría del país así deba ir a la cárcel, sin embargo, a fines de 1996 huyó.

En 2007 prescribió la acción en contra de Leonidas Ortega. En cambio, en 1998, la presidenta subrogante de la Corte Suprema, Mariana Yépez, sobreseyó definitivamente a los funcionarios públicos.

Víctor Hugo Albán, economista y experto monetarista, dijo que los exmiembros de la JM y del BCE son solidariamente responsables, tomando en cuenta que la Junta Monetaria era un ente colegiado que debía  responder no solo ante la justicia sino ante la sociedad, “porque esa crisis motivó mucho atraso al país y solo unos pocos se enriquecieron de forma ilícita”. (I)

Más empresas de los Ortega Trujillo tienen problemas 

Los problemas económicos y judiciales no solo envuelven al ex-Banco Continental sino a otras empresas que formaron parte del Grupo Conticorp, de los Ortega Trujillo, formado por unas 90 compañías. En enero de 2015, la Súper de Compañías intervino Terrabienes, Anglo Automotriz y Ecuafontes por las deudas que mantienen en el mercado bursátil.

En el caso Terrabienes, cuyo gerente es Jorge Ortega Trujillo, la Fiscalía del Guayas investiga el delito de estafa contra 400 clientes que no han recibido sus casas en la urbanización ‘Arcos del Río’, ubicada en el km 1,5 de la vía Terminal Terrestre-Pascuales, al norte de Guayaquil.

El 2 de febrero pasado, la Fiscalía del Guayas inició las investigaciones en base a las denuncias masivas; 14 días después la Superintendencia de Compañías intervino la inmobiliaria tras detectar falta de solvencia; el 26 de febrero se realizó el allanamiento a las oficinas; el 6 de marzo se emitió orden de prisión preventiva en contra de Jorge Ortega y 5 directivos, siendo detenido el primero, y el 11 de mayo la Sala de Garantías Penales del Guayas rechazó un pedido de apelación a la prisión formulado por los abogados de Ortega. (I)