La apertura de un diálogo nacional con la sociedad refuerza la construcción de que la democracia constituye una herramienta para acercarse de nuevo a las bases sociales y populares. Las movilizaciones actuales que han empezado después del envío, por parte del presidente Correa, de los proyectos de Ley de Redistribución de la Riqueza (herencias) y de ganancias extraordinarias (plusvalía) a la Asamblea Nacional, demuestran la necesidad de contar con el apoyo de amplios sectores progresistas y populares para afrontar a la derecha que sabe aprovechar los errores políticos y comunicacionales de la Revolución Ciudadana.

La ausencia de organizaciones sociales en las movilizaciones de la Revolución Ciudadana no es casual. En efecto, después de la abrumadora victoria presidencial y legislativa de 2013, la Revolución Ciudadana experimentó un repliegue hegemónico en su propia fuerza lo que, además de un cierto retroceso en los resultados electorales de 2014 y un resurgimiento de la derecha, tuvo como consecuencia un alejamiento de las fuerzas progresistas y de sectores populares.

En este contexto, el llamado del Presidente Correa a un gran diálogo nacional representa un gesto necesario para dar oxígeno al proceso político y permite que la política vuelva en primer plano para procesar los conflictos. El titular de la Senplades, Pabel Muñoz, encargado de coordinar este diálogo, insiste en la corresponsabilidad del Estado y la sociedad para este encuentro nacional.

Esta corresponsabilidad es fundamental en una sociedad cuyas organizaciones sociales tienden a dirigirse hacia el Estado y no hablar tanto a la sociedad y a los sectores populares. La corresponsabilidad del Estado y la ciudadanía es dejar también un espacio de auto-organización para la sociedad, una autonomía para no esperar todo del Estado. Un proceso político nacional-popular no puede existir sin una efectiva participación de la ciudadanía en el proceso transformador de la sociedad.

Se debe politizar esta sociedad como primer paso en la construcción del poder popular. La implementación de mecanismos tendientes a aumentar la participación de la ciudadanía y las organizaciones sociales en el diseño de políticas públicas y en la gestión de los diferentes niveles del Estado es fundamental para incrementar el poder popular.

Pero el poder popular no pasa solo por la participación política. También se debe implementar políticas que vayan hacia una mayor redistribución del ingreso, una democratización de los medios de producción y una potenciación del talento humano que tenga como objetivo la construcción de una sociedad del conocimiento.

Debatir sobre justicia social y de equidad es confrontar modelos políticos de sociedad que puedan atacar las causas estructurales de la reproducción social del capital que hacen que la pobreza y la riqueza se hereden.

Este diálogo nacional es la última oportunidad antes de las elecciones de 2017 para que la Revolución Ciudadana retome el contacto con las fuerzas progresistas y populares, con la sociedad civil organizada y no organizada. También es una oportunidad para debatir el Estado redistribuidor, sobre medidas para una sociedad más equitativa y justa, y que la Revolución Ciudadana les escuche y tome en cuenta sus legítimas reivindicaciones sociales. (O)