Delegación legislativa trabajará en 6 ejes en caso de empresa brasileña

Fueron 6 puntos que la mayoría de la Asamblea Nacional aprobó el pasado martes, para sistematizar su labor fiscalizadora frente al caso Odebrecht y profundizar la lucha anticorrupción. Entre ellas, se ratificó el llamado a juicio político del contralor general del Estado, Carlos Pólit Faggioni.

Uno de los puntos fue conformar una delegación legislativa, integrada por miembros de las 5 bancadas, con la finalidad de recabar información en Brasil, Estados Unidos y España, principalmente.

La delegación está compuesta por los cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa (CAL): Soledad Buendía, Verónica Arias, Luis Fernando Torres y Patricio Donoso; la presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión; la titular de la Comisión de Soberanía, Doris Soliz; y, la parlamentaria Wilma Andrade.

Ellos tendrán el trabajo de recolectar toda la información sobre el caso, para que la Comisión de Fiscalización la procese.

El presidente de la Asamblea, José Serrano, destacó que esta y otras resoluciones se lograron con el respaldo de 106 asambleístas (Alianza PAIS, PSC, independientes y SUMA).

Otro punto es el inicio del trámite para un juicio político al contralor Pólit, “por su presunta vinculación en el caso Odebrecht, una vez que sea notificado tendrá la oportunidad de presentarse a la Asamblea”. Además, se convocará al fiscal Carlos Baca Mancheno para que informe acerca del avance de las investigaciones, no solo desde 2010 sino desde 1987, aseguró Serrano.

Adicionalmente se llamará a comparecer a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), para establecer y aclarar cualquier duda   que pudiera existir alrededor de la elección para Contralor General. “Es importante conocer cómo se da el proceso de los concursos, incluso del propio fiscal”, sostuvo Serrano.

Sobre el trabajo de esta delegación, la asambleísta Wilma Andrade (ID) señaló que para sistematizar el trabajo se deberá convocar a una reunión -en una fecha por definir-, pero lo importante es recabar primero toda la información remitida por la Fiscalía y que pueda hacerla pública.

“Recordemos que hay información reservada, para evitar que existan problemas jurídicos, sobre todo de que algunos posibles imputados puedan tener conocimiento y evitar una indagación adecuada”.

La idea es establecer un mecanismo de trabajo para articularnos en comisiones. “Esto lo analizaremos en una reunión y de allí saldrán las iniciativas para recabar la información. Para eso ojalá nos reunamos pronto”, manifestó Andrade.

Bonilla: “Ya no existe corrupción consentida por la partidocracia”

La primera vicepresidenta del Legislativo, Viviana Bonilla, en su intervención en el Pleno recordó cómo era el país en gobiernos de hasta hace más de 10 años, en que a su criterio, la corrupción estaba institucionalizada, consentida y encubierta por dirigentes políticos de la “partidocracia”.

 Dijo que el principal cambio del gobierno del expresidente Rafael Correa es que ya no existe corrupción institucionalizada y legalizada. “Ahora se legisla para las grandes mayorías, donde incluso el propio Gobierno denuncia a los funcionarios que hayan incurrido en estas acciones”.

“Hoy esta mayoría digna, respaldada en la voluntad del soberano aprueba leyes en favor de todos los ecuatorianos y no con nombre y apellido como antes se aprobaba”, expresó la legisladora.

Incluso, cuestionó que actualmente actores políticos se presentan como referentes del bien “y se rasgan las vestiduras hablando de la lucha contra la corrupción”.

Durante su intervención, repasó casos ocurridos, por ejemplo, en el gobierno de Osvaldo Hurtado (1981-1984), donde se entregó el manejo de las aduanas a políticos para tener gobernabilidad.

Citó el “negociado” que significaba manejar las desaparecidas empresas telefónicas Andinatel y Pacifictel. “Nos hemos olvidado que desde la ciudad de Guayaquil se hacían llamadas para designar por teléfono a las autoridades de control”, mencionó. 

Durante ese recorrido, citó la conformación de la llamada “Pichicorte” y quienes votaron a favor de esa conformación; lo ocurrido con el salvataje bancario, el congelamiento de depósitos y otros casos que, a su intervención, estaban institucionalizados en el país. (I)