Violaciones a la Constitución de la República, a la Ley de la Contraloría, al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a la del Consejo de Participación Ciudadana e, incluso, a la de Transparencia habría incurrido el contralor Pablo Celi, según Esteban Melo, legislador por el bloque de Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa.

Con el apoyo de todo su bloque, Melo denunció que por 3 ocasiones ha presentado solicitudes de información ante la Contraloría. “No fueron contestadas o contestadas de manera incompleta”, criticó. Así, el 17 de abril pidió que la Asamblea solicite la comparecencia del contralor ante alguna de las comisiones.

Melo explicó que las solicitudes han sido por las diferencias que existen entre los informes de Contraloría que ha emitido Celi con su firma. “El actual hace observaciones que no existieron en el informe de hace 6 meses que él mismo suscribió”, dijo.

Desde el 9 de enero el Contralor no responde pedido de información. La primera pregunta es ¿ que justifique en base a que documento ejerce su cargo? No hay respuesta @BancadaRC_ @EcuavisaInforma @GabrielaEsPais @teleamazonasec pic.twitter.com/mIfiZR9wih

— Esteban Melo Garzón (@EstebanMeloG) May 3, 2018

Las observaciones giraron en torno al Código de Finanzas, legislación existente desde hace 6 años, que estipula dentro de ella, el manejo de certificados de tesorería sobre endeudamiento público; además, también existen observaciones sobre la venta anticipada de petróleo y la definición de infraestructura. Todas ellas, no existirían en el informe presentado hace 6 meses, indicó.

“Haciendo funciones de legislador, ordena a la ministra de Finanzas para que emita una propuesta de reforma al código de finanzas públicas”, manifestó.

Para el asambleísta, la misma posesión de Celi fue ilegal y este debe explicar si fue el contralor subrogante o si el documento destruido era la acción de personal que impedía ocupar el cargo que ahora ostenta. “De no ser así, todas las acciones emprendidas por el contralor son ilegítimas y deberían ser declaradas nulas”, aclaró y reiteró que ha existido usurpación y simulación de funciones públicas. Delito penado con 1 a 3 años de prisión.

Todas estas supuestas violaciones, dijo Melo, serían causales de juicio político y aunque no indicó si esta sería su alternativa, tampoco descartó realizar un trámite de juicio político en contra de Celi.

Por ahora, Melo lleva adelante una investigación para recabar información y pidió a los ciudadanos que se sientan perjudicados por las acciones de la Contraloría, a que les hagan llegar toda la información. (I)