El juez Eleuterio Aguilar Heredia admitió a trámite una acción de protección en contra del presidente y los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio.

El magistrado dispuso como medida cautelar la suspensión temporal de la resolución que anulaba el concurso de jueces y fiscales (dictada el pasado 4 de abril).

“El hecho constituye un acto inminentemente grave, un acto administrativo lesivo”, consta en la notificación emitida por la Unidad Judicial Multicompetente de Balsas.

El recurso constitucional fue presentado por una abogada, en el cantón Balsas, provincia de El Oro.

El pasado miércoles 25 de abril, el asambleísta de Manabí por Alianza PAIS (AP), Daniel Mendoza, presentó una resolución con 22 firmas de respaldo (legisladores del bloque) para pedir a la Corte Constitucional (CC) que interprete el alcance del mandato que designó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en Transición.

El legislador considera que existen excesos en el proceso de evaluación a los organismos de control. "Ellos deben circunscribirse al anexo tres y a las funciones que tiene el Consejo de Participación conforme a lo que dice en la Constitución", aclaró.

En un comunicado firmado por Mendoza dijo que "el ciudadano votó por un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, no por una 'mini Asamblea Constituyente'".

Un día después, el jueves 26 de abril, el defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, respondió a la evaluación de su gestión que prevé realizar el Consejo Transitorio.

Rivadeneira señaló que "no reconoce a un órgano administrativo, transitorio, de origen gubernamental, que tenga la capacidad de evaluación a una INDH (Institución Nacional de Derechos Humanos), ya que la Asamblea Nacional es el juez natural de la Defensoría del Pueblo y, por tanto, el único órgano que, a través de un juicio político, puede evaluar mi accionar”. (I)