Los mecanismos para procesar los pedidos de juicio político y las ausencias de los legisladores a las reuniones generan fricciones en el interior de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Y quienes protagonizan estos roces son sus autoridades, la presidenta María José Carrión; y la vicepresidenta Karla Chávez (ambas de Alianza PAIS), quienes incluso han hecho públicos sus criterios contrapuestos.

Carrión es partidaria de una reestructuración de la mesa legislativa, no así Chávez, quien en días pasados sostuvo que la norma establece que las modificaciones se pueden realizar una vez que se cumpla el primer periodo de labores, es decir, pasados los dos años.

En declaraciones a la emisora Sonorama, Chávez dijo que “la fiscalización no puede ser un instrumento de revanchismo y de persecución”.

Sobre las ausencias, aseguró que fue Carrión quien no estuvo presente cuando la mesa tramitaba el proceso de juicio político en contra del entonces fiscal Carlos Baca.

Las últimas resoluciones de la comisión no dieron paso al trámite del juicio político contra los vocales del Consejo de la Judicatura y del Superintendente de Bancos, de allí que nuevamente se planteara  evaluar a los 12 integrantes.

El asambleísta Patricio Donoso mencionó que el bloque de CREO, del cual forma parte, envió una solicitud al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que proceda con el análisis de la actuación de los legisladores.

Donoso aseguró que el CAL, del que él forma parte, es competente para revisar la actuación de la comisión, de acuerdo al artículo 123 de la Ley de la Función Legislativa.

“No está bien que los asambleístas trabajen y al momento de la votación no aparezcan  o envían alternos. Esa comisión merece un análisis profundo”, indicó.

A más de Carrión y Chávez, la mesa legislativa la integran Daniel Mendoza (AP), Karla Cadena, Hermuy Calle, Sofía Espín y Lira Villalva (Revolución Ciudadana); Homero Castanier (CREO), Raúl Tello (BIN), Ramón Terán (PSC); y Jimmy Candell (independiente).

María José Carrión manifestó que en el trámite de los últimos juicios políticos no hubo los votos necesarios, pese a que se presentaron informes justificados jurídicamente para que pasen al pleno.

Reclamó que algunos asambleístas “principalizan a los alternos o faltan en los días de votación e incluso piden modificaciones de última hora a los textos y a pesar de ello votan en contra o se abstienen. No entiendo por qué hacen perder tiempo”.

Por eso dijo que apoyó la reestructuración no solo de la comisión, sino de toda la Asamblea.

“Tenemos un ala correísta que tiene presencia en comisiones que no corresponden al número de legisladores que poseen, lo que ha entorpecido el trabajo de la Asamblea”. Carrión planteó que en la comisión que preside se analice las motivaciones de las decisiones, aunque en la norma legislativa no existe la figura de la evaluación, pero deben buscarse alternativas.

Sobre las diferencias con Chávez prefirió no referirse.

El asambleísta Hermuy Calle opinó que la propuesta de evaluar a los legisladores “no fastidia, pero si procede debemos hacerlo con todos, ¿cómo es posible que presenten para un pedido de juicio político documentos falsificados? Esto también debería  evaluarse, por eso enviamos el expediente del Consejo de la Judicatura a la Fiscalía para su investigación”.

Carla Cadena cuestionó que se ponga en duda el trabajo de la Comisión. “Somos 12 integrantes y la responsabilidad recae sobre todos. Hubo compañeros que votaron en contra porque los proponentes de los juicios no lo hicieron de una buena manera, apegados a derecho”.

Explicó que en su caso en una de las votaciones estuvo ausente por permiso médico, pero envió a su alterno, quien por cuestiones de retraso en los vuelos no llegó a tiempo.

Aclaró que la comisión no bloquea nada y que muestra de eso es que hay juicios aprobados, como el del exfiscal Carlos Baca o el del excontralor Carlos Pólit, que pasaron al pleno. (I)

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El CAL archivó pedido de juicio contra exministro

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) archivó el pedido de juicio político en contra del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, por el supuesto mal uso de $ 300 millones destinados para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.

Los proponentes del juicio (CREO) argumentaban que el entonces ministro tomó ilegalmente ese dinero del fondo de la Ley de Solidaridad para trasladarlo a la cuenta única del tesoro nacional.

“Los argumentos de quienes no estuvieron de acuerdo en que ese juicio pasara a la Comisión de Fiscalización se concentraron en que el uso de los fondos no era ilegal, podía hacérselo en la medida en que puedan reembolsarse a la caja los fondos que fueron utilizados por alguna necesidad de emergencia”, informó el asambleísta Luis Fernando Torres (PSC), miembro del CAL.

Patricio Donoso (CREO), también miembro del CAL, informó que esta mesa legislativa negó la reconsideración de pedido de juicio político contra el exministro de Educación, Augusto Espinosa.

Según Luis Fernando Torres, no se dio trámite a la reconsideración del juicio político a Espinosa porque ya superó el año por el cual se puede enjuiciar a un exministro.

Sobre un eventual juicio a la excanciller, María Fernanda Espinosa, se indicó que no se ha tomado la decisión. (I)