Apenas 5 meses después de la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), el entonces jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ernesto González, criticó  el tratamiento que los medios de comunicación  dieron a la sublevación policial.  En un oficio enviado el 4 de marzo de 2011por el general González al Director del Centro Andino de Estudios Estratégicos (Cenae), Mario Ramos,  se hicieron algunas puntualizaciones al libro 30-S La Contrarrevolución, publicado en febrero de ese año por el Ministerio Coordinador de la Política y que tomó como referencia al estudio ‘El Magnicidio perfecto, análisis de las crisis del 30 de septiembre de 2010 en Ecuador’, publicado por Ramos y Alexei Páez (+) el 8 de octubre de 2010.

El informe académico planteó:  “Culpar de todo a Sociedad Patriótica y a los hermanos Gutiérrez nos puede hacer perder de vista otros factores o variables que incidieron en la crisis y en general en el proceso conspirador que siempre estuvo en curso”.     

8 días después de la intentona golpista, los analistas advirtieron:“Hoy los medios, las élites, propugnan que esto fue una huelga, asonada, motín, cuando esa irrupción tenía claros objetivos de desconstituir los primeros esbozos de la nueva institucionalidad naciente”.      

¿Dónde surgió la desinformación?

En el oficio 11-SG-a-244  el general González se refirió a la campaña de desinformación que  influyó en la tropa y la oficialidad baja y media:

“Ciertos medios de comunicación y ciertos grupos políticos han tratado el tema de manera muy discrecional (Ley Orgánica de Servicio Público o Losep que se había aprobado el 29 de septiembre de 2010), con información incompleta y en ciertos casos sin ninguna veracidad. Muchos de estos grupos políticos y medios han efectuado análisis y han emitido criterios que no están apegados a la realidad. Estos criterios erróneos se han convertido en bandera de lucha de algunos miembros en servicio  pasivo de la Institución, quienes iniciaron premeditadamente una campaña de desinformación al interior de las Fuerzas Armadas, a través de correos electrónicos, documentos apócrifos (pasquines) y rumores infundados, que pese a las campañas informativas emprendidas por el Comando Conjunto y por las Fuerzas Terrestre, Naval y Aérea, lograron generar preocupación y la desinformación evidenciada”.

En el documento de 8 páginas,   González reconoció que aquel día el escenario en el Regimiento Quito “era caótico” porque había policías sublevados (muchos vestidos de civil) portando sus armas de dotación y vehículos institucionales que bloqueaban las vías, cuando a la vez había una gran cantidad de ciudadanos que llegaron con la intención de “rescatar” al Presidente.

Además admitió que el personal militar en servicio pasivo (principalmente de tropa) “lamentablemente jugó un rol importante en la campaña de desinformación y manipulación de la información, ante la falta de decisiones y resultados concretos sobre temas importantes relacionados a los beneficios que a corto, mediano y largo plazo aspiran alcanzar los militares en las diferentes jerarquías: definiciones de los requisitos para acceder y montos de los seguros de cesantía y pensiones militares, condecoraciones, bonificaciones para ascensos e incremento periódico de salarios”.

Y recordó que la misma mañana del 30-S convocó a los medios nacionales para expresar, desde Cuenca, el “respeto de las Fuerzas Armadas al Estado de derecho, la Constitución y el sistema democrático”. La aclaración obedeció al cuestionamiento de los analistas (Ramos y Páez) que consideraron que la actuación del mando militar “lució condicionada”.

Ese episodio fue ampliamente recogido en el libro Testimonio de un Comandante, presentado el pasado 15 de enero por el ex-Jefe del Comando Conjunto.  Allí relata que  el 30-S, a las 09:00, mientras visitaba la III División del Ejército Tarqui fue informado sobre la situación que vivía el país y dispuso convocar a una rueda de prensa para las 10:00.

“Ratifiqué que las FF.AA. están subordinadas al poder político como consta en la Constitución, e  hice un llamado a los miembros de la Policía Nacional para que depongan su actitud, rueda de prensa que no fue suficientemente difundida a pesar de que asistieron varios medios de comunicación y que contribuyó a aumentar el caos que se vivía en el país y a elucubrar o criticar porque el pronunciamiento de las Fuerzas Armadas había sido demasiado tarde”, reza el libro.

Frente a esas aseveraciones, EL TELÉGRAFO solicitó una entrevista con González a través de su asesora, Susana Molina, quien informó  que la decisión del general en servicio pasivo era no dar más declaraciones a los medios.

Informe académico abordó el 30-S

La investigación del Cenae  ‘El magnicidio perfecto, análisis de la crisis del 30 de septiembre del 2010 en Ecuador’, elaborada por Ramos y Páez, determinó que una lectura simplificada puede conllevar a graves equivocaciones.         

Y precisaron: “A diferencia de otros sectores que han coincidido contra la racionalización y reinstitucionalización del Estado, los militares y policías tienen capacidad de presión porque tienen las armas. Por ello la ciencia política latinoamericana contemporánea, a raíz de las terribles dictaduras del Cono Sur, señala que una ‘huelga’ de policías y militares es en sí mismo un golpe de Estado. No hay espacio para interpretarlo como un acto fortuito”. No obstante, no dejaron de reconocer la participación del Partido Sociedad Patriótica en la organización de la revuelta, ya que su cúpula está compuesta por militares y policías en servicio pasivo, quienes supieron manejar la coyuntura combinada con operaciones psicológicas y mediáticas con la aspiración de provocar hechos como los sucedidos el 30 de septiembre.

Frente a ello, en el oficio de 2011 González admitió que hubo una agresiva campaña de desinformación por parte de exmiembros de las Fuerzas Armadas en un afán de “lograr réditos políticos eminentemente personales”.   

Para los académicos aquello significa que han surgido otras modalidades de golpe de Estado que se pueden aplicar con similares efectos o consecuencias:  “En la nueva modalidad golpista antes descrita, no es necesario identificar una cabeza (concentración) visible, sino desplegar acciones coordinadas en red, que es  lo que sucedió. La ausencia de una dirección identificable permite diluir responsabilidades y significados del golpe. Por ello fue clave el control de los medios de comunicación como mecanismo de defensa para no facilitar la semántica y estrategia comunicativa de los golpistas”.

Y, por ende, observan que “de acuerdo a la lógica lingüística de los conspiradores, el presidente (Rafael) Correa termina siendo el responsable de lo acontecido. En un manejo lingüístico perverso se disfraza semánticamente de huelga, motín, asonada, sublevación, a un acto conspirativo, desestabilizador, anticiudadano, antidemocrático y antirrepublicano”.

En ese marco, los autores señalaron su preocupación por el reposicionamiento de las FF.AA. como resultado de la crisis: “Como todos pudimos observar y muchos analistas coinciden, la actuación de las FF.AA. lució condicionada (...), su lenta reacción generó inquietudes”.

Por ello consideraron que la primera tarea poscrisis del Gobierno  era recrear su legitimidad “impulsando una agresiva y eficiente fiscalización”, pues desde aquel día los medios de comunicación han insistido en que no existió un intento de golpe de Estado.

Con la publicación de Testimonio de un Comandante, varios periodistas sostienen que González desvirtuó que el 30-S se cometiera un secuestro. Sin embargo, el martes pasado dijo en Ecuavisa:“En hechos, el Presidente quedó retenido o secuestrado -en este caso es indiferente el concepto de las palabras- y su vida corrió peligro. Él no podía salir de las instalaciones del Hospital de la Policía. Yo no sé si una persona que está secuestrada pueda llamar por teléfono o dar ruedas de prensa, dar disposiciones, por eso mi libro está basado en hechos”.