Los cuatro grupos de trabajo de los asambleístas del movimiento PAIS para identificar los nudos críticos del proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP) prevén terminar su tarea la próxima semana.

De acuerdo a lo previsto, los temas en los cuales no haya acuerdo serán tratados en una plenaria en la que se reunirán los 100 legisladores con la presencia de ministros de Estado o sus representantes.

Entre los temas revisados del primer libro están el testaferrismo, cohecho, enriquecimiento ilícito, seguridad ciudadana y la dosimetría penal, es decir, el número de años que se aplica para determinado delito.

Los coordinadores de la bancada lideran los encuentros para procesar los puntos sensibles del COIP. La revisión del Libro II sobre Procedimiento es conducida por Armando Aguilar, y los temas neurálgicos del Libro III que se refiere a Ejecución están a cargo de Wethowen Chica.

El taller de dos días del oficialismo fue insuficiente para revisar todos los artículos del COIP.El cuarto grupo analiza las reformatorias y transitorias a la Ley de Tránsito, códigos de la Producción y  de la Niñez y Adolescencia. “Seguiremos probablemente el lunes, miércoles y jueves de la próxima semana, y una vez que terminemos y presentemos el borrador, que será debatido con la bancada y también con algunos ministros, existe la posibilidad de analizar los nudos críticos con el presidente Rafael Correa”, anunció el asambleísta Gastón Gagliardo.

Entre los temas que deberán ser resueltos por la plenaria está el artículo 62 sobre penas privativas de libertad cuando se cometan varios delitos. La disyuntiva gira en torno de si aplicar la pena mayor o la suma de todas las penas, que no deberá exceder los 40 años.

Sobre los delitos cometidos por extranjeros, la totalidad de asambleístas decidirán los términos del artículo 63 sobre la expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país. Esas personas podrían ser expulsadas luego de cumplir la pena o de ser juzgadas en tribunales ecuatorianos para que guarden prisión en su país de origen.

Otro de los nudos críticos es el artículo 52 referente al nivel punitivo de los adolescentes infractores. “Nos preocupa que sea 12 años, porque son niños, ello hay que trabajarlo con los ministerios de Justicia y del Interior”, indicó la asambleísta Nancy Morocho.

Otro punto debatido se refiere a que “en el Código de la Niñez no cabe acumulación de penas, pero sí acumulación de medidas socioeducativas, que podría llegar a aplicarse entre 10 y 15 años como máximo para los delitos atroces como robo, homicidio, violación, sicariato, tráfico y trata de personas”, afirmó la legisladora  Ximena Ponce.

Los parlamentarios analizan la propuesta de María Augusta Calle, de que los adolescentes sean inimputables desde los 16 años. “Ese es un punto crítico que va a ser tratado dentro de la plenaria del bloque”, señaló Betty Carrillo, tras indicar que la propuesta de la Comisión de Justicia es que a partir de los 12 años los adolescentes sean responsables penalmente.

Por su parte, José Zapata, asambleísta de PAIS y exdirigente de los transportistas, está de acuerdo con la sanción a la operadora de transporte “hasta 90 días por imprudencia, impericia o exceso de velocidad y  que ocasione un accidente de tránsito con muerte”.

El legislador oficialista insistió en que el conductor debe asumir su culpa por las infracciones cometidas, pero no el dueño del vehículo.

DEBATE DEL COIP TENDRÁ APORTE DE MINISTROS

Una vez que termine el taller de la bancada legislativa del movimiento PAIS, los ministros de Justicia, Lenín Lara; de Salud, Carina Vance; del Ambiente, Lorena Tapia y la secretaria de Gestión Política, Betty Tola, junto con otros funcionarios que tienen relación con  el proyecto de Código Orgánico Integral Penal (COIP),  participarán en una plenaria.

La participación de los secretarios de Estado  permitirá profundizar el debate, señaló la asambleísta Ximena Ponce.

La intervención de la ministra de Ambiente permitirá analizar con detenimiento el tema de los delitos ambientales contenidos en el COIP, precisó el coordinador del bloque oficialista, Fausto Cayambe.

Entre los delitos ambientales están  las acciones que van contra el agua y el suelo “cuando son malintencionadas y dolosas y los daños son irreversibles, más aún si generan víctimas”, afirmó la vicepresidenta del Legislativo, Marcela Aguiñaga.