Las autoridades de las provincias amazónicas plantean la necesidad de cambiar el régimen de Gobierno para la Amazonía, basadas en el artículo 250 de la Constitución, aprobada en 2008. Allí se ordena elaborar una ley que incluya los aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales para garantizar la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del Sumak Kawsay (buen vivir).

Los asambleístas amazónicos de PAISse reunieron para proponer la Ley para la Circunscripción Territorial Especial para la Amazonía (CTEA). La iniciativa se la presentarán al Presidente de la República para que tome en cuenta sus lineamientos. El Mandatario es la única autoridad del país con la potestad para presentar el proyecto de ley.

Zobeida Gudiño, asambleísta por Zamora Chinchipe, reconoció esta facultad. Por eso, ella y sus coidearios presentarán sugerencias para que el Ejecutivo la mejore y posteriormente la envíe al Legislativo para su trámite. “Esto no solo está en la Constitución, sino que es un compromiso por la explotación de recursos”, dijo la parlamentaria.

Uno de los primeros pasos fue reunirse con la secretaria de la Gestión Política, Viviana Bonilla, para analizar el tema el pasado 11 de septiembre. “Con esto creemos que la Amazonía tendría la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y en ese sentido habíamos pensado amparar la Ley 010 dentro de la CTEA porque revisamos la Constitución. Dentro de la Transitoria 28 se considera el tema de los fondos de la Ley 010”,  enfatizó Gudiño. Allí se indica que “no se podrá disminuir la renta que se entrega al Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico y de fortalecimiento de sus organismos seccionales”.

El asambleísta Héctor Ledesma preside el grupo amazónico, que se conformó a inicios de año para trabajar en el tema. Los parlamentarios proponen un incremento de lo que recibe la Amazonía por la extracción de petróleo. Con “el incremento de este porcentaje se podría financiar todo lo que estamos hablando en la CTEA, así como la región insular tiene una ley especial y un organismo para el manejo, estamos pidiendo lo mismo para la Amazonía”, enfatizó.

Para llegar a un consenso los legisladores de PAIS buscarán una reunión con los asambleístas que integran el Grupo Amazónico. Las propuestas aún no se han socializado con las autoridades amazónicas, pero no se descarta formar un gran acuerdo.  

Recomendación legislativa

Gudiño manifestó que la CTEA es un marco legal más amplio. Si bien es cierto que la propia Ley de Minería  ordena que el 5% de las regalías debe entregarse a los municipios por ello “creemos que lo mismo debe aplicarse en el caso del petróleo para los GAD parroquiales, provinciales y cantonales de la Amazonía”.

El presidente Rafael Correa, en un enlace ciudadano, reconoció la necesidad de aumentar el porcentaje. Pero pidió coherencia a los alcaldes y prefectos, algunos de ellos se oponen a la explotación del ITT. “Si estamos por una parte demandando el desarrollo, tenemos que entender con toda claridad que vamos a explotar los recursos no renovables con toda la técnica aplicada responsablemente”, dijo Gudiño.

Por su parte, el Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga) conformó una comisión técnica que también estudia el tema, pero se ha centrado en una eventual reforma a la Ley 010, que distribuye parte de las rentas petroleras en los gobiernos locales del Oriente.

El gremio analiza un adecuado aprovechamiento de los recursos naturales, así como el uso del suelo. Además, su propuesta incluirá una sugerencia sobre los conflictos entre los grupos étnicos. Así lo manifestó Saúl Cárdenas, titular de la entidad y alcalde de Sucúa.

Los municipios amazónicos tienen un estudio que sustenta la creación de la CTEA. El documento está a disposición de las autoridades para que se consideren las necesidades de la región y obtener un sustento mayor a la iniciativa legislativa, aseguró el burgomaestre.

Cárdenas explicó que la unidad de la Amazonía es importante pero que también es necesaria la coherencia. Desmintió que no haya apertura del Gobierno. “Se dice que no existe apertura por parte del Gobierno y eso no es cierto. Hemos conversado para tener una reunión con el Presidente para socializar la propuesta”, mencionó.

El alcalde amazónico dijo que está en discusión la aportación por cada barril de petróleo. “En la primera reunión en Quito se definió que sean $ 3, pero otros actores tienen otros criterios”, reconoció. Cuántos dólares de cada barril extraído de la Amazonía se quedarán en la región parece ser uno de los ejes medulares de la discusión.

Por ejemplo, los prefectos piden que el aporte sea de $ 5. La decisión se iba a definir en una reunión del 18 de septiembre pasado, pero lo que se acordó es que cada nivel de gobierno (alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales) llegue a un consenso interno con una correcta socialización. Luego deberán reunirse los representantes para tomar una postura final.

Ya existe un informe de la comisión técnica, que está integrada por los representantes de los 3 niveles de gobierno, lo que servirá de base para tomar una decisión.

El Comaga desea aumentar la participación de las juntas parroquiales en las rentas petroleras y en base a ello giran las discusiones. “El otro inconveniente que tenemos es  que Baños y Penipe están dentro del Comaga, pero no son amazónicos”, detalló el alcalde de Sucúa.

Por ello, los alcaldes recomiendan que el porcentaje de participación que tiene cada gobierno autónomo descentralizado en el fondo petrolero (que se forma con  $ 1  por cada barril de petróleo) sea distribuido favoreciendo mayoritariamente a las parroquias, que es en donde se concentra la pobreza. Actualmente ellos reciben el 5% del acumulado.

Las autoridades municipales analizan también cambiar el rol del Ecorae, instituto creado para el desarrollo de la Amazonía. “Necesitamos una institución que lleve el ordenamiento territorial, la participación y la investigación científica de la Amazonía, entre otros. Queremos hacer que el rol del Ecorae dé un giro. Porque las funciones que tiene actualmente ahora serían asumidas por los gobiernos locales”, explicó.

Sin embargo, los prefectos quieren que este organismo desaparezca porque consideran que les resta autonomía en sus funciones. Así lo mencionó Marcelino Chumpi, prefecto de Morona Santiago y del opositor Pachakutik.

Según Cárdenas, la mayoría de los alcaldes está de acuerdo con el proceso. “Si acaso son 2 o 3 que no han firmado a favor aún, pero de los 41,  la mayoría sabemos que la explotación será responsable y con el menor perjuicio posible al ambiente”, detalló.

Datos

El grupo Parlamentario Amazónico se constituyó el 22 de enero de este año. Está integrado por los asambleístas de esta región del país: Raúl Tobar, Gabriela Díaz, Elizabeth Reinoso, Óscar Ledesma, Zobeida Gudiño, Alberto Zambrano, Armando Aguilar y el legislador nacional Carlos Viteri Gualinga.

El artículo 250 de la Constitución establece: “el territorio de las provincias amazónicas forma parte de un ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta. Este territorio constituirá una circunscripción especial para la que existirá una planificación integral recogida en una ley que incluirá aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales, con un ordenamiento territorial que garantice la conservación y protección de sus ecosistemas y el principio del sumak kawsay”.

Los municipios integrados en el Comaga se reunirán el 7 de octubre, en Quito, para llegar a una postura única sobre el nivel de aportación de los recursos naturales.