En las residencias públicas la edad de quienes la habitan es menor y predominan los varones. Muchos de ellos son los excluidos del sistema.

Con respecto al perfil de los residentes en los hogares públicos, vemos que conviven personas de muy distinta situación clínica, funcional, proveniencia social, nacionalidad, grado de movilidad, situación cognitiva y conductual, capacidad de comunicación, escolaridad, hábitos y orientación sexual, con lo cual es dificultosa la tarea de nuestros equipos interdisciplinarios, en cuanto a la localización y relocalización de los residentes apuntando a la mejor convivencia.

La residencia es entonces una institución compleja. Rosa Aizen refiere, en un estudio llevado a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, que intervienen variables culturales, institucionales y psicosociales para dicha complejidad, a la vez que interactúan diversidad de actores sociales (las personas mayores que viven en la residencia, sus familias, los empresarios, los trabajadores, el Estado y los organismos de garantía).

En todos estos actores sociales se entrecruzan derechos y obligaciones.

Con respecto a las personas adultas mayores, como decíamos, en general no se toma en cuenta su decisión. Las familias y la institución naturalizan el hecho. Se pierde la autonomía. Las familias deciden sobre los bienes.

Con respecto a los familiares o responsables, nos encontramos que, dado el envejecimiento de la población, encontramos conviviendo más de una generación de edad avanzada. Muchos hijos mayores tienen patologías geriátricas que impiden el cuidado de sus padres.

Otra causa de institucionalización de las personas adultas mayores es la sobrecarga o estrés del cuidador.

Varias familias, principalmente las mujeres de la casa, tratan de sostener el cuidado de su familiar, pero al volverse este más dependiente en sus funciones, o tornarse agresivo, surge la necesidad de delegar este cuidado.

Nos vamos a encontrar con familias normales y funcionales que no tienen más remedio que hacerlo pero no abandonan al anciano, no lo “descargan” en la institución; otras familias delegan absolutamente el cuidado, y las hay también cuestionadoras (en estos últimos casos la relación con la institución es conflictiva, alterando la dinámica institucional).

Entre las residencias privadas, con instituciones de distinta calidad y costo, así como trabajadores que tienen una alta exigencia laboral, encontramos algunos cuidadores  sometidos a largas jornadas laborales y falta de contención. Este personal no profesional frecuentemente no está capacitado, lo cual favorece el maltrato de los residentes.

En las residencias privadas los profesionales (no siempre especializados en Geriatría o Gerontología) concurren una vez por semana complicando la posibilidad de efectuar reuniones de equipo, por lo tanto no hay un plan integral de tratamiento y seguimiento como debiera ser.

El Estado, en el caso de Argentina, aporta desde lo público la creación y sostenimiento de Hogares de Residencia Permanente. Además, la agencia gubernamental de control y fiscalización tiene el poder de efectuar clausuras socio-sanitarias con o sin traslado de residentes.

Desde el Poder Judicial actúa la Asesoría Tutelar de Menores e Incapaces.

La Defensoría del Pueblo Argentina también actúa ante las quejas y reclamos de residentes o familiares. Mi experiencia profesional de trabajo cotidiano en la gestión pública es un Hogar de Residencia Permanente.

La mayoría de las personas que viven allí tienen un alto grado de vulnerabilidad. Cuando hablamos de calidad relacionada con instituciones geriátricas, este término tiene dos vertientes, el de calidad de gestión y el de calidad de vida del usuario.

Un servicio es de calidad cuando además de cumplir los objetivos para los que se pensó, lo hace eficientemente y satisface al usuario (personas adultas mayores), en cuanto a bienestar, necesidades y demandas y también derechos, preferencias y deseos.

Definimos en cambio calidad de vida como un constructo multidimensional que tiene aspectos objetivos y subjetivos. Fernández Ballesteros define varios dominios en una escala de valoración de la misma denominada Cubrecavi: salud física y psíquica, objetiva y subjetiva, integración social, habilidades funcionales, actividades y ocio, calidad ambiental, satisfacción con la vida, educación, capacidad económica y acceso y satisfacción con los servicios socio-sanitarios.

Lograr que una residencia tenga calidad de gestión y calidad de vida es la prioridad para ofrecer a las personas adultas mayores mejores condiciones de vida y obviamente de salud física y emocional.