Reformar o crear una nueva ley para las personas adultas mayores del Ecuador, que dé cumplimiento a lo que establece la Constitución aprobada en 2008, es una deuda pendiente hasta el momento.

En los últimos 4 años se ha presentado un proyecto de Ley de Reforma a la Ley del Anciano (2011); también está en elaboración el Código Integral del Ciclo de la Vida; y, a inicios de octubre de este año, llegó a la Asamblea Nacional el  Proyecto de Ley Orgánica de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

La aprobación de un nuevo marco legal para los adultos mayores, que responda a lo que establece la Constitución, es urgente. Una de las razones es el envejecimiento poblacional, que significará la demanda de servicios especializados y nuevas políticas de envejecimiento, con inclusión, participación, reinserción laboral y derechos.

La Ley del Anciano entró en vigencia en 1991. En aquella época fue un avance notable de la  legislación nacional para proteger los derechos de las personas adultas mayores. 23 años después, este instrumento legal ha envejecido y no responde a la realidad actual de la población de más edad.

De 1991 a 2014 se han aprobado 2 constituciones. La del 2008 significó un avance porque cambió la concepción sobre la atención, garantía y respeto de los derechos como una política pública de protección de los grupos de atención prioritaria y otros excluidos, entre ellos, las personas adultas mayores.

En 2011, bajo la consigna de garantizar los derechos de los adultos mayores y coordinar la construcción de consejos de protección de ese grupo social por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), la Asamblea Nacional empezó el estudio del Proyecto de Ley Reformatoria a la Codificación de la Ley del Anciano.

Para la Comisión de Derechos Colectivos Comunitarios de la Asamblea Nacional, de aquel entonces, era indispensable “proveer a los adultos mayores de herramientas jurídicas que compensen el esfuerzo en favor de la patria realizado durante su juventud y reconocer la vulnerabilidad de los individuos con el paso de los años”.

Esta propuesta de ley llegó solo al primer debate en la Asamblea en 2012. Parte de su contenido: la exigencia a los Ministerios de Inclusión Social y de Salud, y los gobiernos autónomos descentralizados para la creación de los Consejos de Protección de los Adultos Mayores.

Otro punto: exigir a los familiares para que asistan a los adultos mayores durante los años de vulnerabilidad, períodos de enfermedad o discapacidad que impidan el desarrollo del ‘Buen Vivir’. A los adultos mayores se les concedería la facultad legal de pedir a sus parientes en primer grado de consanguinidad que les provean de una pensión mensual.

A inicios de 2014 la Comisión de Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad deja a un lado esta propuesta de ley y planteó el Código Integral del Ciclo de la Vida, acorde a lo que establece la nueva Constitución, según la asambleísta Zobeida Gudiño, presidenta de esta comisión.

El Código se trabaja conjuntamente con los ministerios de Justicia, Inclusión Económica y Social, el Consejo de la Niñez y Adolescencia, la Defensoría del Pueblo y Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. El objetivo: la protección integral del ciclo de la vida (niños, adolescentes, adultos y adultos mayores) y esto significará también derogar algunas leyes, como de la maternidad, del anciano, de la niñez y adolescencia, según Zobeida Gudiño.

Ahora surge una nueva propuesta. El primero de octubre, Día Mundial de los Adultos Mayores, la Defensoría del Pueblo entregó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Prioritaria de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que además se refiere “a la institucionalidad que vela por su respeto e implementación, las políticas públicas, programas y proyectos que atienden sus necesidades…”.

El procedimiento en la Asamblea  será remitir el proyecto de la Defensoría del Pueblo al Consejo de Administración Legislativa, el mismo que enviará luego a la comisión respectiva (de Derechos Colectivos) para que prepare el informe para el primer debate en el pleno.

¿Qué dice el nuevo proyecto de ley?

La propuesta de ley establece como persona adulta mayor a los hombres y mujeres que han cumplido 65 años.

Plantea la creación de un Registro Nacional de las Personas Adultas Mayores detallando ubicación, estado de salud, tipo de vivienda, situación laboral, condiciones de su entorno familiar, existencia de discapacidad, entre otros.

Establece la corresponsabilidad de los deberes del Estado, la sociedad, la familia y las personas adultas mayores.

Sobre el derecho al trabajo menciona que el Estado deberá adoptar medidas para la incorporación de los adultos mayores a los sectores públicos y privados.

Plantea el acceso prioritario y oportuno de los adultos mayores a los programas de vivienda de interés social, que sean fomentados por el Estado.

Los adultos mayores que carezcan de recursos económicos para su subsistencia recibirán una pensión por parte de sus familiares, la misma que será determinada por la autoridad encargada de la inclusión económica y social.

En lo relacionado a la comunicación plantea el acceso de los adultos mayores a las nuevas tecnologías de la información y comunicación.