Un año después de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, las cuentas públicas del estado que albergó el evento más popular de la Tierra están en bancarrota.

El colapso de las cuentas públicas del estado de Río de Janeiro, que desde hace cinco décadas vive de los royalties del petróleo, turismo, empleo público y el puerto, solo se vio opacado contra lo que puede ser un escándalo a nivel global: la posible compra de votos para que la ‘Ciudad Maravillosa’ fuera elegida sede de los Juegos 2016, en una votación ocurrida en 2009 en la ciudad de Copenhague (Dinamarca).

Lo más escandaloso radica en que la Policía Federal y el juez Marcelo Bretas consideran que uno de los tentáculos de la Operación Lava Jato pudo haber llegado al mismísimo corazón del Comité Olímpico Internacional.

El principal sospechoso es el presidente del Comité Olímpico Brasileño (COB) Carlos Arthur Nuzman, también titular del comité organizador Río 2016. Exjugador de voleibol, Nuzman tuvo tránsito diplomático en la crisis brasileña, ya que los Juegos ocurrieron pocos días después de la destitución de Dilma Rousseff a manos del grupo político de su vice, Michel Temer. Nuzman fue el principal orador en la apertura y en el cierre de los Juegos Olímpicos de Río 2016.

El diario Le Monde, en marzo, había publicado que existían sospechas en el COI sobre el pago de votos para la elección de Río de Janeiro como anfitriona de los Juegos en 2016. Esa información llegó a Brasil y el juez Bretas, un magistrado mediático que busca dividir la atención con el juez Sergio Moro, tomó este caso como parte de la internacionalización de la Lava Jato.

Nuzman fue llevado el 5 de septiembre a declarar forzosamente ante la Policía Federal. Dijo que todo lo hecho en Río fue dentro de las mejores prácticas adoptadas por el Comité Olímpico Internacional (COI) y el Comité Organizador. En 2009, Brasil aparecía como el principal actor global entre los países emergentes, con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva como portavoz de la candidatura.

Su discurso para conseguir por primera vez los JJ.OO. en Sudamérica fue alabado hasta por la oposición.

Carlos Nuzman, presidente del COB, fue llamado a declarar por la justicia de su país dentro de la investigación por supuesta compra de votos para asignar los JJ.OO. a Río de Janeiro. Foto: AFP

En la fiesta, al lado de Lula, pueden verse a dos personajes involucrados en esta operatoria de supuesta compra de votos: Nuzman y el exgobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, preso en la Operación Lava Jato y condenado a más de 40 años de prisión por múltiples delitos de corrupción.

Pero también aparece otro personaje clave en la trama que investiga el Ministerio Público de Brasil por orden del juez Bretas. Se trata del empresario Arthur César Menezes, conocido como el ‘Rey Arturo’, sobre quien pesa un pedido de captura emitido por la Interpol.

Según la investigación, Nuzman, Cabral y Menezes realizaron 15 viajes juntos a Estados Unidos y Europa en los meses previos a la elección efectuada  en octubre. La sospecha es que Menezes, residente en Miami, tenía negocios con el Gobierno del estado de Río de Janeiro en los cuales pagaba sobornos a cambio de vencer licitaciones.

Los investigadores acusan a Menezes de ser el pagador de 2 millones de dólares desde cuentas offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Uno de los presuntos receptores de las coimas fue Papa Diack, hijo del dirigente senegalés Lamine Diack, quien entonces era titular de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF).

Un allanamiento se realizó en el departamento de Nuzman en el barrio de Leblon, un sector de clase alta situado al sur de Río. El comité ejecutivo del COI emitió el lunes pasado un comunicado en el cual afirma que va a tomar determinaciones frente a Río 2016 cuando sean presentadas pruebas.

Desde que estallaron los rumores, Nuzman niega la compra de votos. “Quien venció por 66 a 32 votos no puede haber comprado votos”.

A su turno, el alemán Thomas Bach, presidente del COI, mencionó que el organismo castigará los actos delictivos, de ser estos comprobados. “El COI protege la integridad del deporte y sancionará actos de corrupción, por ello llama a la convivencia pacífica en momentos de turbulencias diplomáticas mundiales”, citó. Madrid perdió contra Río de Janeiro en la votación final. En aquel año, el Brasil de Lula le había ganado nada menos que a la Chicago defendida in situ por Barack y Michelle Obama.

El perdedor de la última tanda de votos, el catalán Juan Antonio Samaranch, dijo en la reunión realizada en Lima esta semana: “Tenemos respeto por la cuestión judicial y por eso no voy a emitir opinión. Fue una victoria que en la época pareció limpia. Ahora, si algo es comprobado los responsables tendrán que pagar”, dijo el hijo del exmandamás del COI, quien introdujo el superprofesionalismo, la televisión y el dinero en masa dentro del movimiento olímpico.

Un año después, con el estado de Río en situación de quiebra, atrasos salariales y con gran parte del equipamiento olímpico sin usar, los cariocas tuvieron algunas soluciones urbanas en transporte como legado. La sombra de la compra de votos en un país atravesado por la ‘pornopolítica’, la corrupción a cielo abierto, no ha sorprendido a nadie.

‘Brasil, medalla de oro en corrupción’, resumía un montaje con el logo olímpico que circulaba la semana pasada en las redes sociales del gigante latinoamericano, después de que la Fiscalía sacara a la luz la investigación ‘Unfair play’ (juego sucio), sobre la presunta compra de votos para que la ciudad organizara los Juegos.

Mientras la ciudadanía sufría en su propia piel la peor recesión de su historia, los políticos del estado de Río vieron en la Olimpiada un gran trampolín para enriquecerse, dijo la procuradora Fabiana Schneider el pasado día 5 al revelar el ‘Unfair play’, evidenciando, una vez más, que la corrupción es endémica en Brasil y afecta a todas sus esferas.

En Río, las malversaciones de fondos encabezadas por Cabral -condenado a más de 14 años de cárcel por los sobornos que se embolsillaba en las obras públicas, incluida la renovación del icónico estadio Maracaná- han contribuido al desplome de las finanzas del Estado.

Hoy, los funcionarios sufren retrasos en sus sueldos y algunos incluso dependen de donaciones para poder sobrevivir. Esta situación también afecta a la Policía. “Nuestro gran desafío es racionalizar nuestros esfuerzos para hacer más y mejor con menos recursos”, dice Roberto Alzir, responsable de cuestiones estratégicas de seguridad en el estado de Río.

A finales de julio pasado, el Gobierno federal movilizó a 8.500 militares a territorio carioca para ayudar a contener la ola de violencia, pero el sentimiento de inseguridad sigue omnipresente.

Guerras entre bandas de traficantes, niños muertos por balas perdidas durante las incursiones policiales contra esos grupos, recrudecimiento de robos a mano armada... la situación no deja de deteriorarse.

Más de 100 policías ya fueron asesinados este año en Río. Numerosos especialistas explican la situación por la debilidad de la estrategia de ocupación de las favelas a través de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), agentes de proximidad con las que se pretendía sacar a la población de las garras de los narcotraficantes.

Crisis olímpica

Más allá de los problemas de violencia, la población carioca ha resultado igualmente afectada por la fuerte tasa de desempleo. Antiguos ejecutivos de empresas trabajan como conductores de Uber para llegar a fin de mes, mientras la cantidad de personas sin hogar aumenta visiblemente.

La crisis afectó incluso a deportistas de alto nivel: numerosos medallistas brasileños en los Juegos de Río han perdido a sus patrocinadores.

Abandonadas durante meses, algunas instalaciones del Parque Olímpico comienzan ahora a recibir a deportistas para sus entrenamientos o eventos, como el Rock in Río, pese a que todavía persisten muchas dudas sobre su futuro.

Según la Confederación Nacional de Comercio, se crearon alrededor de 5.000 puestos de trabajo en este sector durante los Juegos Olímpicos, pero unas 9.000 personas fueron despedidas de enero a mayo de 2017. (I)

DATOS

Las autoridades de Justicia francesas y brasileñas investigan presuntos sobornos con los que se habría otorgado la sede para las Olimpiadas de Río en 2016.

Después de un año prácticamente abandonado, el parque olímpico de Río volverá a vibrar hoy con Rock in Río, que será inaugurado por la modelo Gisele Bundchen.

Según la fiscal brasileña Fabiana Schneider, compañías constructoras y otras que esperaban beneficiarse de los Juegos trataron de asegurar la sede a cualquier costa. (I)

Tres niños juegan en los exteriores del Centro Olímpico de Tenis del Parque Olímpico de Río, que acogió la versión 31 de las justas, entre el 5 y el 21 de agosto de 2016. Foto: AFP