Las direcciones provinciales, así como el departamento de Promoción Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE),  enviaron  ya al pleno de la entidad sus informes sobre promoción electoral de las diferentes organizaciones y candidatos, que van tras una dignidad  en las elecciones del 17 de febrero.           

Extraoficialmente, este Diario supo que aquella información será  conocida por  el pleno del CNE la próxima semana.

Los reportes dan cuenta de análisis  a medios privados, públicos y comunitarios, tanto de prensa escrita como de canales de televisión y radio, así como  a publicidad gubernamental.   

El trámite  lo habrían realizado  ante el pedido del consejero Juan Pablo Pozo, quien exhortó a los  medios de comunicación,  esta semana, para  que realicen  una promoción equitativa de todas las propuestas de campaña de los candidatos. Ayer estuvo prevista una visita de los medios de comunicación a Infomedia, empresa que se encarga de la vigilancia de los medios, sin embargo, dicha visita se postergó  para la próxima semana.    

Pozo señaló que si los medios de comunicación no respetan la normativa, que les exige realizar una cobertura equitativa de todos los candidatos, el CNE les  podría abrir expedientes directos, los mismos que enviaría al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para que emita las sanciones correspondientes.

La consejera Nubia Villacís recordó que las sanciones a los medios van desde 50.000 dólares hasta 100.000 dólares.

Pozo acotó que esto no limita a las organizaciones políticas, quienes tienen completa libertad para pautar en cualquier medio. “Hay dos cosas diferentes:  gasto electoral y  promoción electoral”, dijo.

El consejero afirmó que se busca que los  medios de comunicación ofrezcan los mismos espacios -en equidad e igualdad de condiciones- a los candidatos de las diferentes organizaciones políticas para promocionar sus propuestas de campaña, “si no podríamos levantar un expediente, que lo enviaríamos al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que puede tramitarlo luego de que el CNE entregue el informe”, dijo. 

Catalina Castro, presidenta del TCE, compartió ese criterio. Ella precisó que la entidad no actúa por oficio, sino, por petición de parte.

La titular del TCE manifestó que  la entidad es de  última instancia, “de alzada”, y no realiza investigaciones  o monitoreo de medios, y que eso le corresponde a los órganos administrativos de la Función Electoral.

“Nosotros valoramos las pruebas de cargo y de descargo que las partes procesales fueren capaces de aportar durante  la audiencia oral de prueba y juzgamiento; lo contrario restaría imparcialidad a la actuación de este órgano de administración de justicia”, comentó.

Dijo que la ciudadanía puede denunciar en caso de que encuentre algún tipo de irregularidad, tanto de gasto como de promoción, y que la denuncia se debe  presentar con claridad, evitando generalizaciones y detallando adecuadamente los hechos y las circunstancias.