Este martes entró en el Registro Oficial la Ley de Solidaridad. La normativa no fue vetada por el Ejecutivo y responde con medidas urgentes para combatir las economías criminales, proteger a la ciudadanía y reactivar zonas golpeadas por la violencia.

La ley, de carácter económico urgente, establece un marco de medidas fiscales, sociales y de seguridad con el objetivo de enfrentar el financiamiento de mafias, proteger a la población civil y fortalecer el accionar de las fuerzas del orden. También contempla acciones para la reactivación económica de las zonas más golpeadas por la violencia.

Entre sus disposiciones más relevantes figuran los incentivos para la reconstrucción social y productiva, atención prioritaria a las víctimas del conflicto armado interno y mecanismos para prevenir el reclutamiento de menores por parte de organizaciones delictivas. Se trata de un enfoque integral que busca responder tanto a las causas como a los efectos de la violencia.

La Asamblea Nacional destacó que la aprobación de esta ley representa una señal clara de unidad frente al crimen organizado. "Con esta norma, el país envía un mensaje contundente: no hay espacio para la indiferencia ni para las divisiones políticas cuando está en juego la seguridad de los ciudadanos", indicó el Legislativo.

Además del fortalecimiento del trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la ley también busca blindar institucionalmente la respuesta del Estado frente a la amenaza que representan las estructuras criminales. Para ello, se plantea una coordinación interinstitucional que permita una respuesta más efectiva y sostenida en el tiempo.

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— El Telégrafo Ecuador (@el_telegrafo) June 11, 2025